Difunden el documento que firmó Acisclo Valladares donde acepta su culpabilidad en actos ilícitos, por los cuales tendrá que enfrentar a la justicia en Estados Unidos.
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Acisco Valladares Urruela firmó un documento ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida donde reconoce haber participado en transacciones económicas ilícitas de al menos US$ 140 mil.
El ahora acusado fue ministro de Economía durante el Gobierno de Jimmy Morales, se entregó el 22 de octubre del 2020 a la justicia de Estados Unidos por un caso de lavado de dinero. La acusación la presentó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Valladares Urruela habría ayudado a lavar cerca de 10 millones de dólares en ganancias, durante cuatro años (de 2014 a 2018), producto de la venta de drogas y “dinero mal habido”, según detalla un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. de agosto de 2020.
Las autoridades estadounidenses indican que estas supuestas acciones de Valladares permitieron el comercio ilegal de drogas, al crear una demanda de efectivo sin rastro que el exfuncionario, supuestamente, habría utilizado para pagar sobornos a políticos en Guatemala.
Valladares solo reconoce delito de "apropiación indebida"
No obstante, en el documento firmado no se menciona el delito de lavado de dinero, pues Valladares solo aceptó uno de los delitos que se le señalan. Se puntualiza que hay "una apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o para el beneficio de un oficial público".
Esto es textualmente lo que detalla el documento firmado por Valladares:
"Si este asunto llegara a juicio, el Gobierno probaría los siguientes hechos más allá de una duda razonable. Las partes acuerdan que estos hechos, que no incluyen todos los hechos conocidos al gobierno y al demandado Acisco Valladares Urruela son suficientes para probar la culpabilidad del demandado de la información referida anteriormente:
El testimonio del co-conspirador y la evidencia que lo corroborara mostraría que el acusado fue empleado como funcionario corporativo de una empresa que opera en Guatemala (en adelante, "Empresa A"). Durante el período de tiempo de la información, los altos ejecutivos de la Empresa A dirigieron al demandado, en su calidad de funcionario corporativo, para obtener efectivo para ser utilizado en beneficio de la Compañía A. Para llevar las instituciones de los ejecutivos, el demandado acordó con otros participar de una serie de transacciones que beneficiaron a la Compañía A y que involucraron tanto a entidades financieras guatemaltecas como instituciones estadounidenses.
Estas transacciones involucraron dinero que el demandado sabía o debería haber sabido que era el producto de algún tipo de actividad ilícita. Si este asunto llegara a juicio, el Gobierno probaría que al menos parte de del dinero de hecho se derivó, entre otras cosas, de un delito contra una nación extranjera, específicamente Guatemala, que involucre cohecho de un funcionario público, o la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o para el beneficio de un oficial público.
Entre las transacciones realizadas durante este esquema, en o al rededor de diciembre 2017, el demandado transfirió o hizo que se transfiriera a entidades de los Estados Unidos aproximadamente US$350 mil. tomando en cuenta el salario y las ganancias del demandado como funcionario corporativo dentro del período de tiempo de la información, el demandado ganó personalmente y fue personalmente responsable de participar en transacciones monetarias ilícitas de al menos US 140 mil como parte del delito al que se le imputa declararse culpable".
El documento está firmado por Valladares, sus abogados defensores: Daniel Gelber, Gerard Greenberg y Barbara Llanes. Por el lado del los Estados Unidos firman el asistente abogado Walter M. Morkin y el abogado Juan Antonio González.
