La mesa técnica que evalúa la situación económica de la Universidad de San Carlos (Usac) se reunió de nuevo este sábado, pero no llegaron a ningún acuerdo.
En la actividad estuvo presente el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, quien propuso adelantar la entrega 178 millones de quetzales del aporte constitucional que le corresponde a la casa de estudios superiores, y 64 millones adicionales, para este año.
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Sin embargo, las autoridades de la Usac manifestaron que sus necesidades financieras son de 400 millones de quetzales adicionales para culminar este 2018.
Durante la reunión, Martínez aseguró que no se contaba con los recursos. Sin embargo, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, le expuso que el Gobierno tiene en este momento una saldo de caja de 14 mil millones de quetzales, por lo que solicitó que se hiciera una nueva revisión para establecer la disponibilidad financiera.
Ilegalidades
"Creo que se trata de un problema político, más que financiero", manifestó Barreda. No obstante, la diputada Alejandra Carrillo, expuso que hay varios compromisos que asumió la Usac que podrían, incluso, ser ilegales.
Nos encontramos dentro de la última reunión de la Comisión encargada de revisar la Crisis Presupuestaria, en el Congreso de la Republica . En esta se presentará el dictamen sobre las disposiciones del estado para entregar el monto necesario para subsanar el definitivo financiero. pic.twitter.com/pJwGxWf04A
De acuerdo con la legisladora, las autoridades de la Universidad adeudan 84 millones millones de quetzales en salarios a personas que, a estas alturas del año no han firmado contratos. Además, tomaron 280 millones de quetzales del plan de prestaciones para pagar salarios y contratar personal, y se autorizó un incremento salarial del 8% sin tener el respaldo financiero que obliga la ley.
Como aún no se ha logrado acuerdos, los diputados y funcionarios de Gobierno y de la Usac acordaron volver a reunirse el próximo miércoles, para que el ministro de Finanzas lleve una nueva propuesta y la Contraloría General de Cuentas determine si hay ilegalidades en lo actuado por las autoridades de la universidad superior.
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