El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, y el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, enfrentarán una solicitud de antejuicio por un caso de financiamiento electoral ilícito al partido político Unionista.
Antes de asumir a sus actuales puestos, ambos ocupaban otros cargos dentro de la Municipalidad de Guatemala, la cual en ese entonces era dirigida por el fallecido Álvaro Arzú. De su desempeño en esos puestos proviene los señalamientos en su contra.
Ambos habrían sido parte de un grupo de personas que sustrajo fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) de la comuna. Este dinero luego sirvió para las actividades proselitistas del partido político, según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- ASÍ TE LO CONTAMOS:
"Dirigentes del partido político Unionista actuando desde dentro de la Municipalidad de Guatemala y con cargos en esa dependencia, de manera conjunta con personal operativo municipal, conformaron un grupo que de forma organizada y sistemática, desde los años 2011 hasta 2015, llevó adelante los planes y estrategias concebidos para generar o incrementar la militancia o simpatía con el partido", señala el comunicado del MP y CICIG.
Este engranaje toma una forma sofisticada en 2011, pues buscaba contrarrestar el despliegue agresivo de la campaña de Alejandro Sinibaldi, quien buscaba destronar a los unionistas con el Partido Patriota, de acuerdo con la investigación.
Tanto Quiñónez y Martínez, en ese entonces concejales, eran parte del Comité Técnico que aprobaba el uso de fondos de ese fideicomiso. Desde esos puestos permitieron el uso de los recursos municipales que fueron desembolsados para falsas actividades a favor de la comuna.
Plan Hormiga
Una de estas fue la contratación de Jesús Gómez Espejel, quien en teoría brindaría capacitaciones de liderazgo para el personal de la municipalidad, pero que en realidad realizó talleres sobre estrategias electorales que beneficiaron al partido Unionista.
Una de estrategias implementadas fue el "Plan Hormiga" que consistía en "hacer de cada uno de los trabajadores municipales un captador de votos puerta por puerta, y en realizar eventos y actividades de campaña a favor del Partido Unionista y de Álvaro Arzú", se lee en el documento.
Por el servicio de Gómez Espejel fueron pagados 983 mil quetzales provenientes de ese fideicomiso.
Según el MP y la CICIG, Quiñónez y Martínez tuvieron participación directa, pues coordinaron y supervisaron las actividades a favor del partido que fueron pagadas con fondos municipales. Por ese motivo son señalados de cometer los delitos de: financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.
Otros vocales y directivos de la municipalidad fueron capturados o citados por este caso, entre ellos resalta Pedro Ruano Roldán, Luisa María Silvana Salas y Carlos Alejandro Miranda.
