Multas que alcanzarían el medio millón de quetzales contempla la iniciativa de ley de tarjetas de crédito.
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El Congreso de la República está en busca de crear una normativa que regule el sistema y servicio de tarjetas de crédito en el país, pero, para proteger a los usuarios, también se prevé tipificar cuatro delitos.
El propósito, según la iniciativa 5544, que ya avanzó en tercera lectura, es castigar prácticas comunes que atentan contra el patrimonio de los tarjetahabientes.
Para el efecto, se plantean modificaciones al Código Penal, en el cual, además de penas de cárcel, se incluirían cuantiosas multas. Este es el detalle:
Clonación
Mediante la inclusión del Artículo 327 B en el Código Penal, se definiría como clonación a la sustracción, copia, reproducción, grabación o alteración de la información contenida en la banda magnética o medio de identificación que posesa una tarjeta de crédito o débito, así como cualquier otro medio de pago electrónico.
El castigo para esta práctica iría de seis a diez años de prisión y una multa que alcanzaría los Q500 mil.
Uso ilegal
De aprobarse el proyecto, tal como fue dictaminado hace casi cinco años, también se sancionaría a quien utilizare una tarjeta clonada. La pena de cárcel iría de cinco a ocho años, mientras que la multa estaría entre los Q50 mil y Q150 mil.
Comercialización ilegal
La venta o distribución de una tarjeta de débito o crédito clonada también figuraría como delito en el Código Penal. A quien se descubriera en esa acción se le podrían dictar entre seis y ocho años de privación de libertad y la multa podría llegar hasta Q200 mil.
Uso fraudulento
Las cosas no quedarían ahí, pues también podría ir a prisión cualquier persona que utilizara una tarjeta de débito o crédito que haya encontrada tirada, por ejemplo.
Mediante la inclusión del Artículo 327 E en el Código Penal, se podría castigar a quien usara un medio de pago de ese tipo que haya sido robado, hurtado o extraviado. Esto también aplicaría a quien utilizara, parcial o totalmente, la información contenida en el plástico, sin autorización del titular.
La sanción por tales hechos podría alcanzar los cinco años de cárcel y multa de hasta Q50 mil.
Otro aspecto que contempla el proyecto de ley es el castigo para los mencionados delitos, en caso de que sean cometidos por un empleado bancario u operador de la tarjeta, así como una persona de confianza del dueño del plástico.
De ocurrir, las sanciones aumentarían en dos terceras partes.
