La CorteDIH sentenció a Guatemala por la desaparición forzada de cuatro defensores de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves a Guatemala por la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis.
La desaparición forzada ocurrió durante el conflicto armado interno en 1989, por su labor como defensores humanos pertenecientes al Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), informó la Corte a través de un comunicado.
De acuerdo con el tribunal internacional, las víctimas "fueron amenazadas y perseguidas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado por las actividades que desarrollaban en defensa de los derechos humanos, viéndose obligados a desplazarse de Quiché, donde residían, hacia Suchitepéquez, lugar donde fueron desaparecidos por integrantes del Ejército en abril de 1989".
Luego de su desaparición, el Gobierno se negó a informar los motivos de la detención, el lugar donde fueron ubicados y más tarde de su localización. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.
La sentencia determina que "el Estado es responsable por violar los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales, protección judicial, libertad de asociación y de defender los derechos humanos, de las cuatro víctimas desaparecidas".
Además, indicaron que se violó el derecho de los familiares de las víctimas, quienes sufrieron angustia y sufrimiento, así como el derecho a conocer la verdad, el derecho a la familia, ya que los desaparecidos eran padres e hijos.
Sentencia
Luego de la sentencia, La Corte ordenó, entre distintas medidas de reparación, la obligación del Estado de remover, de forma inmediata, todos los obstáculos que mantienen la situación de impunidad en este caso, y de realizar, a la mayor brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia del paradero de los desaparecidos.
Así como continuar, en un plazo razonable, con la investigación que establezca qué ocurrió con las cuatro víctimas y, luego de ello, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Guatemala está obligada a indemnizar a los familiares de los cuatro desaparecidos, crear una política para protección de los defensores de derechos humanos y llevar a cabo un acto para reconocer la responsabilidad en la desaparición de las víctimas.
Además, requirió estrategia que permita la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, para lo cual, se deberá promover la desclasificación, conservación y el acceso de archivos históricos no solo del Ejército, sino que también de la Policía Nacional, principalmente lo relacionado al conflicto armado interno.