Pese a haber sido condenado en 2015 por vender insumos robados al IGSS, el propietario de la empresa ProdMedic se ha convertido en un fuerte proveedor del sistema público de salud en Guatemala.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), han entregado contratos por más de 44.5 millones de quetzales al señor Vayron Ronaldo Rodríguez López, quien en 2015 confesó ante el Juzgado Tercero de Instancia Penal que vendió medicamentos robados al Hospital de Ginecología y Obstetricia del IGSS, hecho por el que condenado por tráfico ilegal de fármacos en un procedimiento abreviado. La sanción impuesta por este ilícito fueron tres años de prisión conmutables y una multa de 5 mil quetzales.
Lejos de haber quedado inhabilitado para hacer negocios con el sistema público de salud, Rodríguez López creció exponencialmente sus negocios con el MSPAS y el IGSS a partir de 2016, como se puede observar en el portal de Guatecompras.
El primer registro en Guatecompras de Rodríguez López aparece en 2009, pero desde entonces hasta 2012, solo le vendió al Estado poco más de 150 mil quetzales. El peor año fue, 2015, justo después de su problema con la ley: solo registró una compra directa con la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, por 700 quetzales. Sin embargo, de 2016 a 2021, la cosa cambió: los contratos de Rodríguez López con el Estado se catapultaron hasta sumar 44.7 millones de quetzales. El mejor año fue el primero de la pandemia de Covid19, donde vendió más de 25.7 millones de quetzales.
Se consultó a la empresa ProdMedic para obtener su versión, la cual prometieron contactar con la persona encargada. Una semana después, Soy502 no recibió la respuesta prometida.
El año pasado, el portal noticioso Agencia Ocote reportó que la empresa ProdMedic vendió mascarillas N95 a 75 quetzales la unidad, mientras los precios reportados por la Diaco y otros proveedores, oscilaban entre 19 y 25 quetzales la unidad.
En el anterior reportaje, Rodríguez López comentó: “Muchos diputados, muchos funcionarios, muchos empresarios que han sido condenados tienen empresas que siguen operando. El asunto es personal, eso quiere decir que aunque yo esté en la cárcel, mis empresas pueden seguir trabajando y vendiendo”“, asegura.
Sanciones arbitrarias
La Ley de Compras y Contrataciones contiene un capítulo sobre sanciones y prohibiciones, en su título VII. Ahí, el artículo 80, literal segundo) especifica que "no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado" las personas que se encuentren "privadas, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles".
"Esa ley la aplican con arbitrariedad", indicó el activista de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín. "Hay contratistas, especialmente constructores, a quienes ya no les adjudican contratos, amparados en ese artículo, pero es obvio que a otros proveedores que han sido condenados por corrupción no los miden con la misma vara. La forma en que está redactado ese artículo les permite aplicarlo como quieren, para favorecer a quienes ellos quieren".
