En el Congreso se analiza un proyecto de ley que busca dejar sin vida legal a Guatel.
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Más de un año después de haber sido presentada una iniciativa de ley que plantea disolver la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), esta fue remitida para su análisis a la Comisión de Comunicaciones del Congreso.
Aunque, según los ponentes del proyecto, esta entidad ya no tiene una razón de ser, para este año tiene asignado un presupuesto cercano a los Q24 millones (Q23,550,000).
Registrado con el número 6179, el proyecto plantea todo un mecanismo para la disolución, liquidación y supresión de Guatel en un lapso de seis meses, una vez se establezca una comisión que estaría a cargo del proceso.
Tal instancia estaría presidida por un representante del Ministerio de Finanzas Públicas y estaría integrada por delegados de las siguientes instituciones:
- Procuraduría General de la Nación
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)
- Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
- Contraloría General de Cuentas
De obtener el dictamen favorable, la iniciativa estaría lista para regresar al pleno del Congreso y comenzar el proceso para su aprobación.
¿Qué es Guatel?
En su página web, la Empresa se define como la "responsable de prestar todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales".
La ley que le dio vida data de 1971 e indica que también le corresponde "aplicar la política de desarrollo, tarifas y operación que determine su Junta Directiva".
Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) se vendió el 80% de sus acciones y en 2005 se liberaron los servicios telefónicos, por lo cual actualmente solo presta servicios de enlace a internet y de datos por fibra óptica, sobre todo, al sector público.
Estos y otros aspectos, han hecho que se multipliquen las críticas por el gasto de funcionamiento de Guatel.
El diputado Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), es uno de quienes se opone a que siga con vida; por ello, hace un año presentó una iniciativa de ley que busca su disolución.
