Álvaro Colom presentó un recurso legal con el que insiste en que no debe ser juzgado, pues, según el exmandatario, en el pasado fue desestimado un caso por anomalías en el acuerdo que le dio vida al Transurbano.
La solicitud de amparo fue presentada en la Segunda de Apelaciones del Ramo Penal. La defensa del exfuncionario busca por medio de esta acción legal que se anule la decisión del juez José Eduardo Cojulún, quien no aceptó esos mismos argumentos.
El juez anteriormente sostuvo que la desestimación era parcial, no definitiva, y que existían nuevos indicios, por lo cual debía continuar la persecución penal contra el expresidente.
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Colom y otros integrantes de su Gabinete son señalados por la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009, con el que se destinaron 270 millones de quetzales a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos con el objetivo de mejorar el sistema de transporte público.
Sin embargo, ese monto millonario fue desviado y, según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, al menos 171 millones de quetzales salieron del país y luego retornó parte de este a través de transacciones en el sistema bancario guatemalteco.
