La Cámara Penal de la CSJ confirmó la absolución para los acusados en el caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula.
EN CONTEXTO: Sala Tercera anula condena de implicados en caso IGSS-Pisa
El abogado Arturo Miranda, defensor del ex subgerente administrativo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Álvaro Dubón, informó que fue notificado de la resolución donde los magistrados resolvieron improcedentes los recursos de casación.
Los planteamientos los presentó el IGSS, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación (PGN), en contra de la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que en julio de 2019 absolvió a los implicados en el supuesto fraude por la contratación de servicios para la atención de pacientes renales.
Los magistrados de la CSJ argumentan que no existe error jurídico en el fallo de la Sala Tercera y confirman la sentencia en segunda instancia.
Los beneficiados son los exintegrantes de la Junta Directiva del Seguro Social: Juan de Dios Rodríguez, Max Erwin Quirin, Julia Amparo Lotán, Julio Roberto Suárez.
Las enfermeras que conformaron la Junta de Licitación, el exsubgerente Álvaro Dubón, Francisco Cortez, exjefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS.
Además de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada separada de sus funciones Blanca Stalling. Y los implicados en el evento IGSS-Chiquimula.
El abogado Miranda dijo del fallo: "Lo que se demuestra es que el proceso administrativo no sufrió ningún tipo de vicio que pudiera ser punible penalmente".
Para que cobre firmeza la sentencia absolutoria debe agotarse el recurso de ampliación y aclaración en la CSJ y posteriormente el IGSS, PGN y MP pueden acudir a la Corte de Constitucionalidad para solicitar un amparo.
Al agotarse los recursos en la CC la sentencia quedará firme y los sindicados podrán recuperar las cauciones económicas pagadas y las medidas precautorias de arraigo y otras quedarán anuladas.
Las víctimas
Según la investigación del Ministerio Público (MP), 16 de los acusados facilitaron que se otorgara de manera fraudulenta un contrato de más de 116 millones de quetzales a la empresa de origen mexicano, Droguerías Pisa.
Los pacientes renales que figuraron como querellantes al inicio del proceso penal desistieron de continuar en el juicio al haber llegado a un acuerdo extrajudicial para recibir una indemnización.