El 14 de agosto de este 2024, la SAT reveló la existencia de una estructura de empresas que habría cometido defraudación tributaria por más de Q300 millones. Se trata de 410 empresas, por ello le llamaron caso B410.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló este martes 26 de noviembre nueva información sobre el caso B410, el cual involucra a 410 empresas que tenían anomalías, que compartían contador, notario y las direcciones de sus domicilios fiscales no existen.
Dentro del caso, la SAT dividió en tres los hallazgos encontrados con sus sistemas de verificación y presentaron al Ministerio Público (MP) la denuncia.
Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, explicó que las investigaciones iniciaron en 2022 contra una empresa que opera en la Colonia Eureka, en zona 21. Según el jefe de la Administración Tributaria, el proveedor encendió las alarmas porque ha pagado 2.15% del IVA y solo el 0.01% del ISR. Al realizar una inspección, no es posible localizar esta empresa.
Determinaron que la empresa recibió Q133.5 millones de contratos con el Estado. Destacan, principalmente, los contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q78 millones.
Posteriormente, la segunda entidad del Estado que más contratos le otorgó a esta sociedad, fue el Ministerio de Salud.
La SAT determinó que la empresa ha tratado de localizar la empresa en el residencial Eureka, en la zona 21. Según determinó la investigación, tres empresas más comparten la dirección y que estas empresas han facturado Q193.2 millones al Estado. La vivienda, según Díaz, no tiene estructura ni capacidad para prestar servicios de construcción.
La empresa tiene vínculos con 17 empresas que no fueron localizados, 19 con inconsistencias y cuatro vinculadas al caso B410. En total, reportan más de Q17 millones de transacciones con estas empresas.
Por aparte, la empresa no tiene trabajadores, no tiene sueldos, no tiene inventario final y reporta los mismos valores de ISR que reportó durante tres años consecutivos.
El caso B410
Un notario guatemalteco constituyó en Belice una sociedad anónima de nombre "Alter Ego", con esa constitución regresó a Guatemala y empezó a crear sociedades anónimas.
La SAT identificó 410 sociedades anónimas de este tipo, pero con la información recabada por el MP, la cifra aumentó y podría llegar hasta más de 600 empresas, aunque no todas operaron o ya dejaron de operar.
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Según la SAT, el grupo B410 facturó Q6,400 millones en compras y ventas dentro del mismo grupo y Q3,400 millones fuera de la red. Se realizaron 32 auditorías de todas las empresas involucradas en el grupo y determinó que han defraudado al Estado por al menos Q300 millones.
La Fiscalía de Delitos Económicos del MP investiga a las empresas creadas por el mismo notario, un hombre de apellidos Barrera Maldonado y cuya identidad se ha mantenido en reserva.
La fiscalía dividió la investigación en tres grupos. Según el MP, el notario creó las empresas y luego las vendió, cedió o trasladó a otras personas. La verificación de datos, pendiente aún, permitirá establecer de quiénes se trata.
La primera gran línea de investigación se centra en nueve empresas del grupo B410, que son proveedoras del Estado y que son catalogadas por la fiscalía como empresas fantasma. La SAT indicó que las direcciones fiscales de estas corporaciones no existen.
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La Fiscalía realizó allanamientos y fue a la dirección fiscal reportada por esas nueve empresas y el resultado fue el siguiente: de las 9, solo una fue localizada físicamente, las demás no fueron ubicadas porque las direcciones son inexistentes y en otras, funcionan entidades que no tienen relación.
De la única empresa hallada, el lugar no tenía apariencia de que funcionara una empresa de tal tamaño. Estas empresas reportaron ventas al Estado entre 2023 y 2024.
"Se practicaron diligencias de allanamiento, precisamente para establecer si tenían infraestructura, personal operativo, personal capacidad instalada, que permitiera considerar razonablemente que todo lo que le han facturado al Estado durante el 2023, incluyendo el 2024, fuera real. Los allanamientos determinaron o arrojaron como resultado que no todas tienen infraestructura para la prestación de servicios. Estamos en la tarea, no solo de recabar indicios o información de cómo operaban, sino también cómo se comportaban financieramente", explicó el jefe de la Fiscalía, Mario Pérez.
Las otras empresas
Las otras líneas de investigación es por 16 empresas más, en su mayoría constructoras, que le facturaron al Estado con facturas del grupo B410 y por las cinco empresas que usaron proveedores del grupo B410, emitieron facturas, pero no pagaron impuestos.
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Con ellas, están verificando la información contable, pero además, están a la espera que la SAT concluya sus auditorías, debido a que deben agotar el proceso administrativo.
"Son períodos no prescritos, quiere decir que dentro del ejercicio de sus facultades. SAT aún puede verificar esos ejercicios fiscales y por el otro, recordemos que nos vamos a centrar en 410 sociedades. Estamos analizando si además de las sociedades que han salido a relucir que no tienen esa capacidad de proveer algún bien o servicio hubiera más. Ese trabajo de fiscalización todavía está en manos de SAT para establecer si los montos que ya fueron determinados fueron los que se puedan reclamar y eventualmente imputar o pudieran ser incrementados. Entonces necesitamos que se concluya esa verificación", dijo Pérez.
