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El candado presupuestario que limitaría la ejecución del próximo gobierno

  • Por Karla Gutiérrez
29 de noviembre de 2023, 09:26
El gobierno de Bernardo Arévalo podría recibir un presupuesto desfinanciado, según diversos sectores. (Foto: Archivo/Soy502)

El gobierno de Bernardo Arévalo podría recibir un presupuesto desfinanciado, según diversos sectores. (Foto: Archivo/Soy502)

El Legislativo prevé aprobar el Presupuesto de la Nación para 2024 este jueves, en la fecha límite para el efecto.

OTRAS NOTICIAS: Congreso buscará aprobar Presupuesto 2024 en fecha límite

Este miércoles 29 de noviembre, el Congreso conocerá en su segunda lectura el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, que fue dictaminado por la Comisión de Finanzas y Moneda.

La propuesta contempla el techo de gastos con el cual contaría el próximo gobierno en su primer año de gestión y, aunque es superior al de este año, varios sectores han alertado sobre los candados que contiene y los problemas en que pondría a las autoridades para cumplir con sus obligaciones.

Uno de ellos está establecido en el artículo 56 del dictamen emitido por la citada sala legislativa. Este se refiere a los bonos del Tesoro que se pondrían a disposición, que ascienden a más de Q10,587 millones.

Se trata de recursos que podría colocar el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) al mercado para obtener recursos que, en parte, financiarían los casi Q124,880 millones que se asignarían para el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Sin embargo, hay un aspecto que dejaría al Ejecutivo atado a la voluntad del Congreso para usar tales fondos. En uno de los párrafos de ese apartado, se indica que el Minfin tendría que gestionar una segunda aprobación en el Legislativo cada vez que negocie y coloque bonos del Tesoro para el pago de deuda. 

Fuente: Dictamen del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024.
Fuente: Dictamen del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024.

¿Qué implicaría?

De acuerdo con el diputado electo y quien se perfila como próximo ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, esta disposición afectaría gravemente la capacidad de las nuevas autoridades para hacer frente a sus obligaciones.

Incluso, dijo, comprometería el pago de planillas y asignaciones a proyectos y programas de Estado, así como la creación de nuevos planes de desarrollo.

Una instancia que también se pronunció sobre el peligro que implicaría la aprobación de un presupuesto con este candado fue la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB). 

Por medio de un comunicado, esa entidad calificó de "imprudente" tal práctica legislativa e hizo ver que se omitieron y adoptaron "disposiciones notoriamente ilegales e irrazonables".

Similar a lo que expresó Menkos, esa cámara empresarial considera que el artículo 56 del proyecto de presupuesto "pone en riesgo la capacidad del Estado de cubrir oportunamente sus obligaciones financieras, así como el gasto en inversión pública y ayuda social".

Además, alerta sobre una contradicción a lo normado en el artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo. En sus incisos "q" y "s", ese apartado establece que le corresponde al Minfin "programar, negociar, registrar, controlar y administrar el endeudamiento" interno y externo del país.

En ese marco, la CGAB, igual que las autoridades electas, considera que la cartera no tiene por qué estar supeditada a las decisiones del Legislativo, cada vez que pretenda hacer un movimiento.

El mayor riesgo, han advertido los mencionados sectores, es que el Presupuesto 2024 quede desfinanciado. Asimismo, han alertado sobre la falta de certeza financiera que sería percibida por inversionistas.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) también se ha sumado a las voces de alerta sobre el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.

A su criterio "contienen normas técnicamente cuestionables, jurídicamente improcedentes y macroeconómicamente inconvenientes".

Además del mencionado artículo, Fundesa ha hecho notar que el 85 % del techo de gastos quedaría comprometido de antemano, dejando solo el 15 % con cierta flexibilidad para su ejecución por parte de las nuevas autoridades.

Urgen enmienda

Ante la posibilidad de que el proyecto se apruebe este jueves 30 de noviembre, como lo ha contemplado el Congreso, el gobierno electo ha solicitado a los jefes de bloque que no voten a favor.

El diputado Samuel Pérez, de la bancada Movimiento Semilla, reiteró su petición en una reunión que los dirigentes de los bloques legislativos sostuvieron el martes con la Junta Directiva. 

"Quiero hacer un último llamado al sentido de la responsabilidad de los diputados y diputadas para que no se apruebe este proyecto de presupuesto, así como está establecido", manifestó.

También se refirió a la premura con la cual la Comisión de Finanzas lo dictaminó, sin dar tiempo a sus integrantes para analizarlo.

Sin embargo, el presidente de la citada sala, Cándido Leal, en diversas ocasiones ha defendido que para la emisión del dictamen se tomaron únicamente criterios técnicos y no políticos, descartan así que se buscara perjudicar al próximo gobierno.

Para Menkos, si se avalara finalmente el presupuesto, es necesario hacer una enmienda a ese artículo, específicamente en el candado que afectaría las funciones de la cartera del Tesoro.

Este aspecto también fue destacado por la CGAB y resaltó que si no hace la modificación correspondiente, se podría ocasionar el cierre temporal de las carteras de crédito y la devaluación de la calificación de riesgo del país.

Esto "redundaría en un posible aumento de tasas de interés al crédito y deterioro de las condiciones económicas de los guatemaltecos", reza el comunicado de esa instancia.

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