El sector empresarial organizado acuerpó la decisión del mandatario Jimmy Morales sobre poner fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en un comunicado explicaron que dicha decisión se encuentra "dentro del marco de las competencias del Ejecutivo".
Lo anterior fue expuesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en un escrito donde enmarcan una serie de hechos que a su parecer obligaron al Ejecutivo a tomar esa decisión.
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"La ausencia de una respuesta por parte de Naciones Unidas a los requerimientos de Guatemala refleja que el mecanismo contemplado en el acuerdo de la creación de la Comisión no ha cumplido su cometido", expresa el escrito.
En el mismo se indica que esto ha "contribuido a fomentar la polarización y a dividir la opinión pública respecto a la lucha contra la corrupción", afirma el Cacif en el comunicado.
Además, los empresarios piden que se debe fortalecer el trabajo del Ministerio Público y que todos los casos que ya se encuentran en los tribunales deben continuar el debido proceso.