El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reaccionó ante el Decreto 15-2020 que entró en vigencia este viernes.
Esta ley prohíbe los cortes de los servicios de agua, energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e Internet durante el Estado de Calamidad y contempla que los pagos atrasados no generarán mora, intereses, gastos administrativos ni cualquier otra penalización.
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Los usuarios podrán suscribir convenios de pago para que estos servicios sean cancelados hasta en 12 cuotas, las cuales iniciarán el mes siguiente o cuando concluya el estado de calamidad.
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A criterio del CACIF, esta norma "presenta graves deficiencias y ambigüedades". La cúpula empresarial considera que esta ley no especifica a quiénes beneficiará ni fija plazos, además que "plasma disposiciones que muestran evidentes vicios de inconstitucionalidad".
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El CACIF añade que la ley "pone en alto riesgo el suministro eléctrico para todo el país y se corre el riesgo de crear un perjuicio mayor al beneficio que se perseguía generar.
Contra esta ley fueron planteados 14 amparos, previo a que entrara en vigencia, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto ninguno.
