La SIT indicó que el proyecto requiere equipos tecnológicos especializados; sin embargo, algunas instituciones no tienen capacidad técnica suficiente para ejecutar el proyecto.
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El Congreso dio seguimiento al proceso de implementación de las alertas tecnológicas contempladas en el Decreto 4-2024 para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, incluyendo el envío gratuito de fotografías y mensajes de alerta a teléfonos móviles, basado en el artículo 2 del decreto.
El mecanismo busca fortalecer la difusión de alertas Isabel-Claudina por operadores de telefonía móvil mediante alertas basadas en emisiones de radio o Cell Broadcast; una modalidad que permite enviar alertas masivas directamente a dispositivos móviles.
El diputado Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, señaló que actualmente las alertas llegan por mensaje de texto; sin embargo, indicó que en otros países ya se utilizan sistemas más avanzados que permiten enviar fotografías de las personas desaparecidas para facilitar su identificación y agilizar su localización.
Destacó que este tipo de herramientas podrían aumentar las posibilidades de rescate y ayudar a que la población identifique rápidamente a las personas reportadas como desaparecidas, en el país.
Sistema centralizado
Por su parte, el superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, explicó que el proyecto requiere la adquisición de un sistema centralizado para generar las alertas, además de equipos específicos que deben ser adquiridos por cada operador telefónico para integrarse al mecanismo de difusión.
"Se pidió que Conred fuera el que coordinara, porque es la entidad que ve precisamente este tipo de emergencias, distintos tipos de emergencias. Tenía que adquirir un equipo centralizado donde se originan los mensajes y después un equipo en donde cada uno de los operadores tenía que adquirir un equipo. Lo que se había hablado es que cada operador iba a comprar el propio y la parte centralizada la iba a comprar el gobierno. Ya no participamos en las demás reuniones", explicó.
Rubio comentó que la propuesta inicial establecía que el Gobierno asumiría la compra del sistema central y que las empresas telefónicas adquirirían sus propios equipos tecnológicos para operar las alertas.
No obstante, indicó que desconoce el estado actual del proyecto, pues la SIT dejó de participar en las reuniones posteriores.
Según indicó, el proceso continuó bajo coordinación de otras entidades, entre ellas la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio Público (MP) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Además, señaló que una de las dificultades ha sido que algunas de las instituciones responsables designadas en la normativa no cuentan con la capacidad técnica necesaria para desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas.
"Es precisamente la PGN y el MP; ellos no tienen capacidad técnica para desarrollar ese tipo de soluciones. Entonces eso es lo que yo creo que ha complicado ese tema específicamente", indicó.
Rubio consideró que Conred podría asumir un papel más activo debido a su experiencia en sistemas de emergencias y alertas masivas.
Autoridades de la SIT y diputados acordaron preparar una ruta de trabajo para identificar qué instituciones deben involucrarse y qué acciones hacen falta para que el sistema finalmente entre en funcionamiento a partir del próximo 2 de junio.
