La diputada Sandra Morán, de Convergencia, presentó una iniciativa de ley que elimina la responsabilidad penal a los prestadores de salud que ayuden a interrumpir un aborto a menores de 14 años.
El proyecto de ley establece que esta medida sólo podrá asumirse cuando las niñas sean menores de 14 años y el embarazo haya sido consecuencia de violación, explotación sexual o trata de personas.
La interrupción del embarazo tendría que se voluntaria y sólo se requerirá que la menor llene un formulario de consentimiento. Ahora bien, si se trata de una niña o adolescente con discapacidad, la solicitud se hará mediante un sistema de apoyo.
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Según Morán, de enero a agosto el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) efectuó más de 2 mil 700 exámenes médicos por delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. Mientras que el Registro Nacional de Personas (Renap) efectuó más de 1 mil 200 inscripciones de nacimientos de madres de entre 10 y 14 años.
En la actualidad, el Código Penal establece prisión de uno a tres años para las mujeres que consienta o se practique un aborto, y para quienes lo practican plantea cárcel de hasta ocho años, si no hay autorización de la madre o si se practica con violencia, amenaza o engaño.
Paga el victimario
La propuesta de Morán también establece al Estado como el garante de la rehabilitación física y psicológica de las menores abusadas, pero no será el único, pues el victimario tiene la obligación de contribuir al rescate emocional de la víctima.
De igual forma se establece una indemnización como medida de reparación del daño, el cual tendría que ser establecido de manera proporcional dependiendo de la gravedad de la violación y a las circunstancias del caso, tomando en consideración el derecho internacional humanitario.
Más familia
En caso de que una menor sea victimizada, la iniciativa promueve que se debe de garantizar el resguardo y la protección de las niñas y adolescentes a través del apoyo familiar o buscar una familia ampliada antes de promover su institucionalización o a ser internada en un centro estatal.
El 8 de marzo más de 40 menores internadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fallecieron quemadas luego de tratar de escapar del centro, pues acusaban a las autoridades de malos tratos.
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