La Fiscalía de Delitos Económicos investiga el caso B410, a raíz de la denuncia interpuesta por la SAT. Han realizado allanamientos y actualmente revisan la información de las empresas creadas que tienen relación con este grupo.
EN CONTEXTO: Caso B410: El contador que tenía a cargo más de cien empresas que evadían impuestos
El caso B410 nace luego que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunciara el 14 de agosto pasado sobre las operaciones irregulares de un grupo de empresas que aparentemente defraudaron tributariamente al Estado.
La SAT lo denominó B410 por ser 410 sociedades anónimas que ellos identificaron con anomalías, por ejemplo, que compartían contador, notario y las direcciones de sus domicilios fiscales no existen.
Dentro del caso, la SAT dividió en tres los hallazgos encontrados con sus sistemas de verificación y presentaron al Ministerio Público la denuncia.
La Fiscalía de Delitos Económicos tiene la investigación en curso y el 17 de agosto pasado realizaron los primeros allanamientos para recabar información de estas empresas.
"Las diligencias primarias que se realizaron por parte de la Fiscalía básicamente se enfocaron en recabar toda la información, todos los indicios o toda la evidencia que nos permitiera tener claro el escenario o el panorama de cómo fueron constituidas las 410 empresas que se mencionan en la conferencia de prensa que dieron autoridades de la Administración Tributaria y que por supuesto se mencionan en la denuncia que presentaron", informó el jefe de la Fiscalía, Mario Pérez.
En esos allanamientos, el Ministerio Público recabó información importante, pudo obtener la manera en que nació B410.
Así fueron creadas
Un notario guatemalteco de apellidos Barrera Maldonado constituyó en Belice una sociedad anónima de nombre "Alter Ego", con esa constitución regresó a Guatemala y empezó a crear sociedades anónimas.
La SAT identificó 410 de este tipo, pero con la información recabada por el MP, la cifra aumentó y podría llegar hasta más de 600 empresas, aunque no todas operaron o ya dejaron de operar.
"Derivado de esas diligencias de investigación se pudo establecer efectivamente la forma en que el bufete o la oficina jurídica del notario Barrera Maldonado utilizaba para la constitución de las 410 empresas que se mencionan, Sin embargo, me atrevería a indicar que el notario Barrera Maldonado constituía sociedades como una práctica notarial desde 2017, según lo que se ha podido establecer, constituía un aproximado de 90 hasta 100 sociedades por año, podemos decir que pudieran ser más de 600 sociedades", agregó Pérez.
La Fiscalía secuestró esa información para analizarla y determinar si estas sociedades fueron utilizadas para cometer algún delito, no solo en el orden jurídico tributario, sino también de otro tipo de delitos, pues la forma de operar ha levantado sospechas.
Luego de la creación de estas empresas, el notario vendió varias de las sociedades anónimas, de las cuales están en la mira por haber prestado servicios al Estado y otras por haber facturado, pero no pagaron impuestos.
El Ministerio Público está revisando una por una de las constituciones de estas sociedades anónimas para determinar si el notario cumplió o no con los protocolos del cambio de accionistas y si el actuar fue dentro del marco legal.
Aunque la duda surge cuando se busca a estas empresas y muchas de ellas solo existen en papel.
Las empresas fantasma
La SAT presentó la denuncia separando el caso en tres grupos, por sus características. La Fiscalía mantiene esas tres líneas de investigación.
- El primer grupo incluye a nueve empresas, las cuales le vendieron al Estado entre 2020 a la fecha.
- El segundo grupo es de 16 empresas, en su mayoría constructoras que le facturaban al Estado con facturas del grupo B410.
- El tercer grupo, están cinco empresas, también constructoras que utilizaron proveedores del grupo B410 y que no pagaron impuestos.
"De las 9 entidades que le facturan al Estado, se practicaron diligencias de allanamiento, precisamente para establecer si tenían infraestructura, personal operativo, personal y capacidad instalada que permitiera considerar razonablemente que todo lo que le han facturado al Estado durante el 2023 incluyendo el 2024 fuera real. Los allanamientos determinaron o arrojaron como resultado que no todas tienen infraestructura para la prestación de servicios", reveló el fiscal Pérez.
Esto quiere decir, que las empresas existen en papel y con registro legal, pero no tienen infraestructura, lugar físico ni personal operativo para ser proveedor del Estado. Además, sus direcciones son inexistentes.
En el caso de las 16 y 5 empresas restantes, pidió a la SAT ampliar las auditorías y a Contraloría General de Cuentas para verificar que se hayan prestado los servicios al Estado.
La Fiscalía está recabando más información para poderla analizar y así determinar cómo proceder en el caso, aunque es eminente la comisión de varios delitos relacionados con el caso B410.
"El hecho de constituir sociedades anónimas sin que pudiera ser localizado el domicilio fiscal o el domicilio comercial ya es un indicio que una sociedad opera de forma irregular. Utilizar el esquema del B410, o esta práctica notarial de constituir sociedades y luego venderlas, prácticamente para quienes las adquieren, es estar en el anonimato y operar de forma irregular, puede conllevar en este caso a evadir el pago de impuestos o incumplir con las obligaciones tributarias. Inicialmente, estamos viendo el caso desde el punto tributario, pero no descartamos que derivado de esta práctica y utilización de empresas, pueda existir la comisión de otros delitos, debido a que el esquema empresarial del grupo B410 da lugar a ellos", agregó el jefe de la Fiscalía.
Por el momento, la Fiscalía señala que es prematuro indicar si algún exfuncionario de Gobierno podría estar implicado en este caso, pues solo al tener toda la información y procesarla se podrá dar con los beneficiarios finales, es decir; las personas que percibieron los ingresos económicos por las supuestas operaciones de las empresas del grupo B410.
