Luego de que la fiscal general Consuelo Porras arremetiera contra el presidente Bernardo Arévalo y miembros de su equipo por emitir declaraciones y publicaciones en redes sociales, el Gobierno respondió.
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En un video transmitido vía redes sociales, la fiscal general Consuelo Porras anunció que presentó una debida ejecutoria en la Corte de Constitucionalidad (CC) debido a declaraciones y pronunciamientos del gobierno encabezado por Bernardo Arévalo.
Lo anterior alcanza a los titulares del Ministerio de Finanzas, Secretaría General de la Presidencia (SGP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, con la intención de que dejen de emitir pronunciamientos en su contra, según la jefa del Ministerio Público.
Incluso, solicitó la destitución de Julio Saavedra, encargado de la PGN y de Juan Guerrero Garnica, titular de la SGP.
Al respecto, la SCSP dio a conocer la postura del presidente y se dio a conocer que es una "acción burda y sin sentido. Una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población".
La postura oficial finaliza con que las declaraciones de la fiscal son un "evidente atentado contra la libertad de expresión".
En su intervención, la fiscal comentó: "Guatemaltecos, por favor no se dejen engañar por este grupo de personas malintencionadas en hacerles creer que ha habido un atentado contra la democracia, con un solo y perverso objetivo que es tomar el control del Ministerio Público, y con ello evitar de esta forma que sean investigados".
La solicitud de debida ejecución se debe a una resolución de amparo provisional otorgado el 8 de mayo del 2024.
La acción original fue interpuesta con el argumento de que "existe una amenaza real, incierta e inminente de que el presidente continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General".
El planteamiento de la fiscal provocó reacciones en el caso de los diputados electos por el Movimiento Semilla, como es el caso de Samuel Pérez: