El expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brayan Jiménez, quien se encuentra en prisión a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos en los próximos días, luego de ser vinculado al escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA, tejió redes en busca de proteger su gestión, su imagen y asegurar que la opinión pública estuviera de su lado.
Brayan Jiménez cobró sobornos que superan los 200 mil dólares a cambio de contratos de patrocinio y derechos de transmisión, pero también pagó sobornos durante los seis años que estuvo al frente de la Fedefut a una red integrada por al menos 10 periodistas, en busca de controlar la crítica y asegurar espacios a su favor en los medios de comunicación. Esas "dádivas" suman 1.9 millones de quetzales.
Los "asesores de medios"
Los documentos que confirman la existencia de esta red fueron hallados en la auditoría que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas y se encuentran ya en poder del Ministerio Público como parte de la investigación por corrupción que se sigue en la Fedefut.
Brayan Jiménez utilizó la figura de "asesores de medios" con quienes a la vez son periodistas con espacios de opinión en radio y televisión. Así compró opiniones, intentó controlar los ataques y evitar la rendición de cuentas en su gestión.
De acuerdo con los documentos, facturas y cheques a los que Soy502 tuvo acceso y que datan de varios años atrás (2011 a 2015), los nombres que aparecen en la lista son: Edgar Galindo, Jorge Molina, Juan Carlos Gálvez, Marlon Puente, Carlos Roberto Marín, José Altalef y Luis Antonio Rojas.
Además, como lo diera a conocer Diario Digital, que publicó el correlativo de facturas emitidas en la planilla de "Pagos a Medios de Comunicación", en ese listado también se incluye a Walter Ávalos, Erick Rolando Meléndez Girón, Marcos Negreros Abril y Smaily Ixquiac García, así como dos empresas que en el listado aparecen relacionadas a Prensa Libre: Comunicación Productos y Servicios Inteligentes y Corporación en Distribuciones, Producciones y Publicidad P&P, S.A., que recibieron pagos de 10 mil 350 y 15 mil quetzales mensuales por "Asesoría en medios y directa al Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación".
Pese a que el nombre de este medio aparece en el documento, como se aprecia en la imagen adjunta, han publicado una aclaración en la que se desligan de esas dos empresas y aseguran que no hay ninguna relación con estas.
Una tercera empresa hace parte del listado. Se trata de Producciones Deportivas S.A., propiedad de Gerardo Villa, hijo del presidente del club Municipal, quien cobraba pagos por 5 mil 600, 7 mil 500 y hasta 10 mil mensuales por "producción de material audiovisual para la Federación Nacional de Fútbol".
En total, de acuerdo con los registros de Contraloría, Brayan Jiménez, al frente de la Federación Nacional de Fútbol, habría gastado casi 2 millones de quetzales en pagos de consultorías de medios a cambio de controlar la opinión de los medios señalados.
Alias Pirulo, de nuevo en planilla
Quien fuera el líder de la porra "la Ultra y la Caldera" de Municipal, Marlon Puente, alias "Pirulo", aparece de nuevo en los listados investigados por la Contraloría. Puente recibía también pago de Radio Nacional, TGW, del Viceministerio de Gobernación y también de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, durante el Gobierno de Otto Pérez Molina.
Puente, un barra brava que no puede ingresar a los estadios luego de haber sido hallado culpable por incitar a la violencia y promover la muerte de un aficionado crema, cobraba 15 mil quetzales mensuales por concepto de asesoría al comité ejecutivo y al propio presidente de la federación, como consta en facturas y cheques a su nombre.
En la lista también se encuentra Carlos Roberto Marín, quien pese a ser locutor de programas de opinión en La Red Deportiva, de Radio Corporación Nacional, recibió pagos mensuales por 5 mil y 7 mil quetzales, también como "asesor de medios" del comité ejecutivo de la Fedefut, hasta el 2015.
De alguna manera Marín estaba al tanto de que el listado de periodistas con salario de la federación se haría público y desde una semana antes comenzó a advertir acerca de la campaña de desprestigio y adelantar que él vende su propio espacio periodístico de opinión.
Lo que no explica Marín es cómo los cheques a su nombre, en varias ocasiones, fueron reclamados por Marlon Puente, como consta en los recibos, como este:
Con la TV de su lado
Los narradores de los Canales 3, 7, 11 y 13, Edgar Galindo y Jorge Molina, así como Smaily Ixquiac García, entrevistador y también periodista de Radio Sonora, hacían parte de la lista de sobornos de la Fedefut. Galindo, cuyo nombre se mencionó como candidato a Subsecretario de Comunicación Social de Jimmy Morales y quien tenía también intenciones de dirigir la Fedefut, cobraba 3 mil quetzales mensuales como asesor.
Mientras tanto, Molina lo hacía a través de su hija, Mónica Daniela Molina y la empresa Gran Jaguar Comunicaciones.
Otro de los periodistas que cobraba entre 3 mil y 5 mil quetzales por medio de factura por asesoría emitida por Paola Alejandra Sánchez, era José Altalef, quien trabaja en el programa Zona Deportiva, que se transmite en los canales nacionales, y lo hace junto al hijo del presidente de Municipal, Gerardo Villa.
Villa cobraba desde su empresa y a través de su periodista. Se dice que Villa podría ser el nuevo director de Radio Nacional TGW, en el gobierno de Jimmy Morales.
De nuevo, aparece el motivador
Y de la misma manera que cobra 15 mil quetzales como asesor del Comité Olímpico Guatemalteco, en la Fedefut aparecen pagos a Juan Carlos Gálvez, comentarista en Radio Nacional TGW, quien brindaba charlas motivacionales a las Selecciones Nacionales de Fútbol, ya que debido a que padece limitaciones visuales, se convirtió en motivador de deportistas y a la vez es periodista.
Gálvez cobraba 5 mil quetzales mensuales a la Fedefut.
Ni contratos, ni informes
El actual Comité Normalizador de FIFA que está al frente de la Federación Nacional de Fútbol, presentó denuncia a la Contraloría para que se investigue si los pagos descritos arriba y que fueron cobrados por periodistas, son legales, ya que no existe documentación de soporte: no se hicieron contratos en ningún renglón presupuestario, no se establecieron los productos a entregar y no existe un solo informe acerca de la labor desarrollada para obtener ese pago, lo que constituiría un claro caso de "cobro de sobornos".
"Nuestra obligación era denunciar ante las entidades correspondientes estas anomalías para que se investiguen", señalaron Adela de Torrebiarte y Stuardo Ralón, presidenta y vocal I del Comité Normalizador. La pelota pasa a la cancha del MP y a la Contraloría de Cuentas, que deberán dar seguimiento a los documentos.
