La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó la próxima conferencia después de reiteradas consultas de periodistas.
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Luego de ocho días sin brindar declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Bernardo Arévalo volverá a comparecer ante la prensa el próximo martes 27 de octubre.
La información transcendió en medio de una serie de crisis políticas y de seguridad que han generado cuestionamientos hacia su administración.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó la tarde de este domingo que el mandatario participará en una nueva edición de la conferencia de prensa denominada La Ronda el próximo martes 27 de octubre.
El anuncio de la Secretaría se da después de varios días de insistencia de periodistas para conocer cuándo volvería a responder preguntas públicamente.
La última conferencia oficial de La Ronda en la que participó Arévalo se desarrolló el pasado 15 de octubre, mientras que su última intervención ante periodistas ocurrió el 19 de octubre, cuando brindó breves declaraciones durante el funeral del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.
Desde entonces, el mandatario no ha vuelto a atender preguntas de los medios de comunicación, pese a las solicitudes formuladas durante la última semana para conocer su postura sobre distintos acontecimientos que han marcado la agenda nacional.
De esa cuenta, cuando comparezca el próximo martes, habrán transcurrido ocho días desde su última intervención ante la prensa y doce desde su última participación en una conferencia oficial de La Ronda.
Una semana de silencio
Entre el 21 y 22 de octubre, periodistas consultaron reiteradamente a la SCSP sobre la fecha en que se desarrollaría una nueva conferencia de prensa con participación del presidente.
Sin embargo, la dependencia evitó confirmar una fecha y se limitó a indicar que trasladaría la información cuando estuviera disponible.
El 23 de octubre, Arévalo participó en una actividad oficial en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, pero al finalizar evitó atender a los periodistas que se encontraban en el lugar y se retiró rápidamente.
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Las solicitudes de información continuaron desde el 24 de octubre, sin que inicialmente se confirmara cuándo el mandatario volvería a comparecer ante los medios.
Fue hasta la tarde del domingo 25 de octubre cuando la SCSP informó que la próxima conferencia de prensa se desarrollará el martes 27 de octubre.
Crisis que desgastan al Gobierno
El silencio del mandatario ocurre en medio de una serie de acontecimientos que han provocado cuestionamientos sobre la gestión del Ejecutivo, particularmente en materia de seguridad, decisiones administrativas y conducción política.
Una de las crisis más relevantes comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando se registró una incursión armada en Huité, Zacapa, que dejó ocho personas fallecidas.
El caso generó cuestionamientos hacia el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de Guatemala, especialmente por las distintas versiones oficiales sobre la presencia y actuación de militares durante los acontecimientos.
Posteriormente, las autoridades reconocieron que soldados habían efectuado disparos durante los hechos y anunciaron medidas administrativas, entre ellas el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
A esta situación se sumó el revés jurídico que sufrió el Ejecutivo el 8 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat).
La resolución representó un nuevo contratiempo político para Arévalo, quien había designado a Menkos para dirigir la institución monetaria, pero posteriormente tuvo que afrontar las consecuencias de la anulación de ese nombramiento.
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La tercera crisis se produjo tras la muerte violenta del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrida el 17 de octubre, un hecho que provocó cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal.
Las dudas aumentaron después de la captura de los hermanos Choc Toz, quienes inicialmente fueron vinculados con el ataque armado, pero posteriormente quedaron en libertad luego de que un juez dictara falta de mérito.
El caso adquirió una nueva dimensión cuando el Ministerio Público inició acciones contra agentes de la Policía Nacional Civil por presuntas irregularidades relacionadas con la colocación de un arma de fuego durante la detención de los hermanos.
Estos acontecimientos han colocado al Gobierno frente a cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, la transparencia de las investigaciones y la capacidad de respuesta institucional.
