Durante el gobierno de Otto Pérez inició la instalación de módulos de deshacinamiento en "El Infiernito", pero el proyecto quedó abandonado.
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Mediante la adjudicación de un contrato por Q794.19 millones de quetzales, hace 10 años, se iniciaron los trabajos para ampliar, con módulos prefabricados, el Centro de Cumplimiento de Condena Canadá, más conocido como "El Infiernito", ubicado en Escuintla.
La obra quedó inconclusa y hasta hubo una investigación por posibles anomalías en la contratación, pero, ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo, busca continuarla, como parte del plan para retomar el control de la cárcel.
El anuncio lo hizo a principios de este mes el director general del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, durante una citación en el Congreso. En aquella oportunidad, indicó que ya se trabaja para reiniciar los trabajos, ya que el Ministerio Público (MP) "desestimó el caso".
"No encontraron pruebas, imagino yo", dijo en aquel entonces, y agregó que eso dio pie a que se "retomara administrativamente el tema".
El plan
De acuerdo con el funcionario, contar con la ampliación permitiría recluir a por lo menos 3 mil personas en el sitio.
"La cárcel está compuesta por bloques ya hechos, entonces la armazón es más fácil. Si todo va bien y logramos proceder con esto, para el próximo año podría estar terminada", expresó.
También hizo ver que para 2025, se pretende contar con la nueva prisión en Masagua, aunque la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, apenas días antes había asegurado que esa construcción duraría, por lo menos, dos años.
Según los planes de Vela, a finales del siguiente año se contaría con los dos penales habilitados, lo cual permitiría redistribuir a un total de 6 mil privados de libertad, principalmente de alta peligrosidad.
En esa citación, el director del Sistema Penitenciario habló de una obra que se busca retomar pic.twitter.com/sj3PPh06uj
Un proyecto abandonado
Tras la adjudicación de la obra, en diciembre de 2014, el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que los módulos prefabricados que permitirían ampliar "El Infiernito" se estaban construyendo en México.
La empresa a cargo era una sociedad anónima de capital variable, denominada Ingenieros Civiles, la cual se había comprometido a transportar las piezas vía terrestre y ensamblarlas en el lugar destinado, dentro del penal.
Según se informó, eran 40 módulos carcelarios con una supuesta capacidad para 144 reos cada uno, pero no todos se colocarían en "El Infiernito".
Para agosto de 2015, se había iniciado con la instalación de algunos materiales para cuatro de los módulos y, de hecho, pocos días antes de entregarse a la justicia, Otto Pérez Molina, hizo una supervisión en el área, junto con la entonces jefa de la cartera del Interior, Eunice Mendizábal.
En sus declaraciones, ya indicaba que quedaría en manos del siguiente gobierno concluir el proyecto; sin embargo, eso no ocurrió.
En marzo de 2016, un informe de la Contraloría General de Cuentas daba cuenta de que la primera fase de construcción de 24 módulos, que ayudarían al deshacinamiento en la prisión, quedó paralizada debido a la falta de pago al contratista.
