Si la situación no cambia, los impactos más fuertes se empezarán a observar en las siguientes semanas.
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Autoridades y trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) advirtieron que, la inmovilización de una partida presupuestaria considerada estratégica para el funcionamiento de la institución, comenzó a generar complicaciones.
Asimismo, señalaron que si la medida judicial continua vigente podría provocar problemas operativos en las próximas semanas lo cual no solo afectaría a la empresa sino al comercio nacional.
Carlos Sosa, representante de los trabajadores portuarios ante la Junta Directiva de Empornac, señaló que "la inmovilización del renglón 991 representa un riesgo directo para la operatividad del puerto".
Aseveró que esa partida "funciona como un mecanismo financiero para reforzar otras áreas presupuestarias", cuando estas quedan sin disponibilidad de recursos.
"Actualmente, Empornac corre peligro por la inamovilidad del renglón 991, que es un renglón muy importante para la operatividad del puerto en sí", afirmó el trabajador.
Explicó que la partida es utilizada para cubrir necesidades relacionadas con mantenimiento, adquisición de insumos, compra de repuestos, combustibles, lubricantes e incluso indemnizaciones laborales, mediante transferencias autorizadas por la Junta Directiva.
"Cuando algún otro renglón se queda sin presupuesto, es el 991 de donde se hace una transferencia, con la autorización de la Junta Directiva. Con eso se complementa la cantidad de recursos que haga falta para poder adquirir el insumo que se necesita", indicó Sosa.
Aseguró que las consecuencias ya comenzaron a sentirse dentro de la empresa debido a que el puerto requiere mantenimiento constante para mantener la competitividad y garantizar el movimiento de importaciones y exportaciones.
"Ya está afectando, porque de alguna manera el puerto para ser funcional y competitivo, día con día tiene que dar mantenimiento a ciertas máquinas para operar y trabajar", sostuvo el representante de los trabajadores.
Indicó que actualmente existen limitaciones para cubrir pagos relacionados con repuestos, combustibles, aceites y lubricantes, debido a la inmovilización de la partida presupuestaria.
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"No podremos cubrir con esas erogaciones por tener la inamovilidad en cuanto al renglón, de hecho, ya estamos teniendo consecuencias", añadió el también dirigente sindical.
Además del impacto operativo, señaló que las medidas judiciales también alcanzaron a funcionarios y miembros de la junta directiva, quienes enfrentan embargos salariales y arraigos.
"Tenemos inamovilidad en nuestras cuentas bancarias y toda la junta directiva estamos de la misma forma", expresó Sosa.
Manifestó que esperan que el juez Julio César Vázquez Xol reconsidere las medidas adoptadas contra la portuaria y sus autoridades.
"Nosotros rechazamos categóricamente las resoluciones administrativas y judiciales que el juez Vázquez Xol dictó en contra de la empresa portuaria y en contra de nosotros como miembros de la junta directiva", apuntó Sosa.
Por aparte, José De la Peña, presidente de Empornac, coincidió en que la inmovilización representa un riesgo para la continuidad de proyectos y pagos esenciales de la empresa.
"La partida que se ordena inmovilizar es la que se utiliza como un bolsón financiero, es decir, es la partida que alimenta a otras partidas ejecutoras", explicó el funcionario.
Detalló que actualmente existen procesos de compra en desarrollo, entre ellos adquisiciones de repuestos por Q 15 millones ya aprobadas por la junta directiva, que podrían verse afectadas al momento de concretar pagos.
"Si llegamos a la etapa final donde toca pagar a quien entrega habrá problemas", advirtió el representante de Empornac.
Aseguró que, aunque las operaciones continúan con normalidad, el desgaste diario de la actividad portuaria generará nuevas necesidades financieras que podrían no ser cubiertas si persiste la inmovilización de la partida.
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"En un corto tiempo sí se ve reflejado, porque no se va a poder usar esas partidas para alimentar a otras ejecutoras que son para pagar necesidades del puerto", indicó y según estimó, los problemas empezarían a evidenciarse en unas dos semanas, conforme avancen los procesos de compras y pagos pendientes.
"Un ejemplo es que un evento llegue a su etapa de pago porque ya entregó el producto, ahí nos vamos a ver afectados porque no podemos hacer las transferencias presupuestarias respectivas", señaló De la Peña.
Consultada sobre la situación, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que las autoridades de Empornac realizan análisis técnicos, financieros y jurídicos respecto de las resoluciones notificadas y que se encuentran adoptando las acciones legales correspondientes.
La SCSP agregó que Empornac mantiene la continuidad de sus operaciones y de los servicios estratégicos que presta al país. "Es importante señalar que el fondo de la controversia continúa siendo objeto de discusión en las instancias judiciales y constitucionales correspondientes, existiendo antecedentes jurisdiccionales relacionados con la improcedencia del pago reclamado", indicó la Presidencia.
Dicha secretaría también aseguró que el Ejecutivo mantiene una postura de respeto al Estado de derecho y a las instituciones de justicia, aunque reconoció "preocupación por el impacto institucional, financiero y operativo que las medidas podrían generar sobre una entidad estratégica para el comercio y la logística nacional".
"En ese sentido, las autoridades se encuentran ejerciendo los mecanismos legales y constitucionales correspondientes, garantizando al mismo tiempo la continuidad operativa y estabilidad institucional de la Empresa", puntualizó la Secretaría.
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Inmovilizan partida
El pasado 22 de mayo, Empornac fue notificada de la resolución del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol, sobre la orden de inmovilizar la partida 991 de la empresa, la cual, según las autoridades portuarias, funciona como un "bolsón" financiero desde el cual se trasladan recursos hacia otras cuentas destinadas a cubrir obligaciones operativas de la institución.
Además, el juez decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad.
Según explicó De la Peña, la resolución judicial deriva de un reclamo de Q 209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.
