Aunque ya cobró vigencia, el Presupuesto 2025 ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad.
EN CONTEXTO: Gobierno ya puede usar el Presupuesto 2025 y así será la distribución de los recursos
El mismo día que el Gobierno publicó la distribución analítica del Presupuesto General de la Nación que regiría este año, trascendió que tres abogados accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para dejar sin efecto el plan de gastos.
Miguel Roberto Balsells, Gerardo Antonio Gálvez y José Manuel Ramírez presentaron una acción de inconstitucionalidad durante la madrugada del pasado miércoles 1 de enero y ahora serán los magistrados de ese tribunal quienes determinen qué ocurrirá.
Los profesionales del Derecho argumentan inconstitucionalidades en el techo aprobado por el Congreso a finales de noviembre, el cual asciende a más de Q148,526 millones, pero que superaría los Q152 mil millones, debido a ampliaciones contenidas en el decreto correspondiente.
Balsells, por medio de su cuenta en Facebook, explicó que la medida legal es la segunda que se presenta en busca de frenar el Presupuesto. La primera se planteó el pasado 22 de diciembre y con ella se pretendía que el plan de gastos no entrara en vigencia.
Pero no hubo resolución al respecto y el Decreto 36-2024, que lo contiene, cobró vida legal el 1 de enero. De esta cuenta, el Gobierno ya puede empezar a ejecutar los recursos.
Un presupuesto criticado
Los mencionados abogados no son los únicos que se oponen al Presupuesto 2025; a principios de diciembre pasado, el diputado Becquer Chocooj, del bloque Cabal, presentó un amparo en contra del Congreso por haberlo aprobado.
El legislador, uno de los opositores del gobierno de Bernardo Arévalo, calificó de ilegal e inconstitucional el techo avalado por sus compañeros días antes. Por ello, busca que quedé sin efecto, pero su acción no ha sido resuelta por los magistrados.
Otras quejas contra el plan de gastos no llegaron a esas instancias, pero hicieron ruido en las redes sociales, ya que tanques de pensamiento y el sector empresarial alertaron sobre presuntas falencias técnicas y problemas de financiamiento.
Estas cuestiones se hicieron ver desde que el Ejecutivo pidió los más de Q148,526 millones que finalmente se le otorgaron.
Entre los aspectos que los citados grupos consideraron desfavorables destacan el aumento de la deuda interna, mediante la colocación de más de Q25 mil millones de bonos del Tesoro, y el incremento de aportes a los consejos de desarrollo.
También criticaron una ampliación de Q3,500 millones que podría acreditarse al Ministerio de Comunicaciones, sin necesidad de autorización del Legislativo, pese a que su ejecución fue baja el año pasado.
