Un diputado del bloque Unionista fue el último en votar a favor de retirar el antejuicio a cuatro magistrados del TSE.
EN CONTEXTO: Congreso retira inmunidad a los magistrados del TSE
Con el voto favorable de 108 diputados, el Congreso retiró el derecho de antejuicio a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), minutos antes de la medianoche del jueves 30 de noviembre.
Esta decisión faculta al Ministerio Público (MP) para investigar, como a cualquier ciudadano, a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, a quienes se señala de anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se usó en las pasadas votaciones.
Tras fracasar en un primer intento por despojar a las autoridades del beneficio, el diputado Alberto Sánchez planteó la moción privilegiada que permitió al Legislativo retirar el antejuicio.
El último en votar fue Lázaro Zamora, del bloque Unionista. Este es el listado de quienes avalaron la propuesta:
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Administrativos, los magistrados pudieron incurrir en fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por una presunta sobrevaloración del TREP, entre otras irregularidades.
Cabe recordar que el caso se originó por una denuncia interpuesta por los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, quienes, en su audiencia ante la comisión pesquisidora, indicaron que sus motivaciones "no son políticas ni antojadizas".
Por su parte, el MP ha reiterado en múltiples ocasiones que las acciones implementadas no tienen como propósito afectar los resultados electorales, sino "averiguar la verdad".
Presuntas ilegalidades
A finales de septiembre, cuando se presentó la solicitud para despojar de inmunidad a los magistrados, el jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó que una de las irregularidades detectadas fue que la compra del TREP a la empresa Datasys, S.A. tuvo un costo superior a los Q34 millones, en comparación a lo que ofrecía otra compañía.
Cabe destacar que tal aspecto se supo desde febrero de este año, cuando el TSE oficializó al adquisición del sistema. Tomando en cuenta tal dato, la medida legal de la Fiscalía de Delitos Administrativos se presentó siete meses después.
En aquel entonces, los magistrados indicaron que se eligió ese mecanismo debido a que cumplía con "los criterios de calidad, características y tiempo de adecuación para desarrollar los simulacros".
Hasta antes de que se desarrollara la primera ronda de votaciones, en el marco de las Elecciones Generales 2023, no se supo de ninguna denuncia.
