Víctimas olvidadas del volcán de Fuego son obligadas a retornar a zona de riesgo, ante la desidia de las autoridades de Gobierno.
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Desesperanza y desolación viven más de 164 familias de la Comunidad Indígena Nueva Trinidad, en Escuintla, luego de perderlo todo durante la fuerte erupción del volcán de Fuego, ocurrida en 2018, que dejó 194 personas fallecidas y más de 230 desaparecidas.
Aunque la nube piroclástica no llegó a las viviendas de su comunidad, la lava usó de cause los caminos del lugar y gran parte de los sembradíos de café, quedando a pocos metros de destruir todo. En diciembre de ese mismo año, la finca La Trinidad, donde vivieron más de 20 años, fue declarada inhabilitada.
La escuela fue clausurada, los servicios como el agua y la luz ya no llegaban. Era como si la declaración de inhabitable funcionara para desaparecer la comunidad de la mira política y social. Mientras que sus residentes iniciaban una batalla que no les ha dado tregua durante 5 largos años.
El Día D
La Nueva Trinidad era una comunidad indígena ubicada a 71 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, justo en las faldas del volcán de Fuego y conformada por retornados de la guerra que se dedicaban al cultivo, procesamiento y venta de café.
Estaban bien organizados en una cooperativa que, con mucho esfuerzo, logró construir una planta de producción que también había servido a otras comunidades.
El 90% de los residentes dependía de la producción de café. Todo iba viento en popa, hasta que el 3 de junio de 2018 su vida cambió de un momento a otro, dejándolos prácticamente en la calle.
Tras 25 años de vivir en el lugar, las explosiones del volcán eran bastante comunes para los residentes, pero ese día fue diferente, algo no estaba bien. La erupción no cesaba y las malas noticias comenzaron a llegar.
"Hay gente que se está quemando. La lava llegó a las casas. Nos llegaba un montón de información y no sabíamos qué hacer. A eso de las 11 o 12 de la noche se fue la luz y aquí se volvió un caos. Comenzamos a ver que la lava venía apuntando para acá (a la comunidad)", dijo aún con asombro María Méndez García, residente de la Nueva Trinidad.
De inmediato iniciaron una autoevacuación, pero la salida del lugar no era fácil. Aunque estaban a tan sólo 5 kilómetros de la RN-14, el camino era de terracería y había que cruzar dos ríos, que en época de lluvia solían tener un caudal elevado.
Los vecinos se organizaron y comenzaron a salir en picops y motocicletas. "No es fácil dejar la casa. Muchos se resistían a salir a pesar del riesgo", narró Santos Miguel Méndez, miembro de la Nueva Trinidad. A pesar de que una semana atrás habían realizado un simulacro de evacuación, dijo "no es lo mismo; podríamos decir que eso es un juego, aquí estábamos viendo realidad".
Entre la 1 y las 2 de la mañana, llegaron de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y concluyeron con la evacuación.
El martirio llamado ATUs
Las familias terminaron repartidas en casas de familiares y amigos de otras localidades y en diferentes albergues habilitados por el desastre. "Allí comenzó nuestro suplicio. Empezamos a ir de un lugar a otro", lamentó García.
Vivieron en escuelas, iglesias y salones comunales durante 5 o 6 meses, hasta que los desplazaron a la finca "La Industria", ubicada a 19 kilómetros de Escuintla, donde la administración del entonces presidente, Jimmy Morales, construyó Albergues de Transición Unifamiliares (ATUs), mientras buscaban una solución para los afectados o, al menos, eso fue lo que ofrecieron.
En cada módulo, construido de madera, ubicaron a dos familias, de hasta ocho integrantes. Solo los dividía una delgada pared.
El calor era insoportable. Además, todos compartían el área de aseo, servicios sanitarios, la pila para lavar y hasta tenían hora para ir a dormir, pues a cierta hora les quitaban la luz.
Les prohibieron cocinar, no solo porque cada día les llevaban alimentos, sino porque al haber fuego en casas de madera se temía una tragedia más.
Al principio no representó un gran problema. Se suponía que su estancia sería temporal, jamás imaginaron que vivirían años en ese lugar.
"Los alimentos nos estaban enfermando y poco a poco dejaron de llegar. Se fueron olvidando de nosotros", lamentó José Luis Camposeco, otro residente de la Nueva Trinidad.
Mientras que entraron a una cruda realidad, todo era pagado. "En la casa si queríamos un mango, un banano o un güisquil, íbamos a la tierra y lo cortábamos. En los ATUs todo lo teníamos que pagar", contó.
Lo peor de todo es que hombres y mujeres perdieron sus trabajos. El 90% de la comunidad vivía de la tierra, de sus cosechas de café y ahora no tenían nada.
Promesa incumplida
La estancia en los ATUs cada vez se volvía más difícil. Sin embargo, los movía un compromiso. En mayo de 2019, el Gobierno anunció que entregaría 168 viviendas "dignas" a los damnificados del volcán, pero no todos fueron beneficiados.
"Nos ofrecieron las viviendas, pero somos una comunidad de retornados que vivimos de la tierra, así que solicitamos que nos ayudaran con la compra de un terreno en un lugar seguro donde pudiéramos continuar. Pocos aceptaron y ahora están arrepentidos, porque no encuentran trabajo en ningún lado", detalló Carlos Montejo, líder de la Nueva Trinidad.
Y en efecto, El Ejecutivo, a través del Fondo Nacional de Tierras (Fontierra) creó una mesa técnica donde acordaron la compra de una finca. Los comunitarios debían buscar el lugar e iniciar las negociaciones.
Visitaron unas 40 fincas; gastaron tiempo y recursos. Pasaron los días, las semanas y los meses se convirtieron en años. La situación de estas familias sigue sin encontrar un final, pues las autoridades no lograron cerrar ningún trato.
Además, Fontierra puso condiciones que dejaban fuera a más del 50% de víctimas, pues no recibirían beneficios los jóvenes graduados, las personas que tuvieran un terreno a su nombre, aun fuera este declarado inhabitable, los directivos de la Cooperativa y los adultos mayores. Lo que representa que de las 164 familias, 115 no calificaban.
"Nos estaban excluyendo y tampoco nos estaban dando soluciones, así que pedimos trasladar nuestro expediente a otra institución que nos diera una respuesta integral. Nos recibían los memoriales, pero una cosa es que me atiendan y otra que me resuelvan", refutó Montejo.
En tanto, en la pandemia las cosas se complicaron aún más en los ATUs, no sólo porque el distanciamiento social era imposible, sino porque las viviendas de madera comenzaron a deteriorarse. Fue así como poco a poco las familias emprendieron un nuevo éxodo, de vuelta a ese lugar declarado inhabitable.
Secuelas imborrables
Regresar al hogar no fue fácil. Los residentes de la Nueva Trinidad no han podido olvidar lo ocurrido ese 3 de junio de 2018.
"Cuando llegamos aquí en 1998, nos fuimos acostumbrando a los retumbos del volcán, escucharlo era lo cotidiano, ahora es diferente. Cuando incrementa su actividad este lugar se queda vacío. Algunos regresan a los ATUs y los que pueden, van con familiares y amigos. Ya no es vida, más cuando se tiene hijos pequeños", lamentó García.
Tampoco han podido recuperar sus siembras. Si bien algunas plantas de café sobrevivieron a la lava, estas se quedaron abandonadas mientras residían en los ATUs y de a poco se fueron perdiendo.
Con el agravante que no pueden activar la planta, pues al ser una comunidad declarada inhabilitada, siguen sin servicios básicos. Incluso los niños deben ir a la escuela a otras aldeas, porque ya no les enviaron maestros. La escuela está abandonada y ahora sirve como salón de reuniones y punto de encuentro para evacuación.
"Tenemos miedo y nos sentimos abandonados", exclamó García.
Unas pocas familias decidieron quedarse en los ATUs, pero la situación ha sido muy complicada. Ahora ya tienen cocina que comparten entre ellos, pero las casas se están destruyendo y cada día son amenazados por grupos de invasores que quieren apropiarse de las viviendas.
En el lugar ya no hay escuela ni centro de salud, como se tenía cuando la tragedia acababa de ocurrir. El agua es escasa y deben de compartirla con invasores que instalaron un desvío. "A veces a nosotros ya ni nos llega nada", se queja una de las mujeres que aún viven en los ATUs.
Según contaron a Soy502, la Conred es la encargada del lugar, pero poco a poco se fueron desentendiendo de las necesidades de las personas que aún residen en el área.
"Es difícil, no podemos regresar a nuestros hogares y aquí se está volviendo imposible vivir", lamentó una de las víctimas.
¿Y el apoyo?
A mediados de junio, el proceso de la Nueva Trinidad pasó a manos de la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (Copadeh). Sostuvieron una reunión con la presencia del gerente de Fontierras, Byron Bin, en la que se presentó un pliego de peticiones, que "están siendo examinadas y evaluadas por el personal de las dos dependencias, para luego presentar los resultados de los análisis a los comunitarios".
Sin embargo, Urbano Pérez, líder de la Nueva Trinidad, indicó que "todo va muy lento", pues les dicen que "están recuperando información de lo que se hizo en Fontierras, pero aún no terminan. No hay nada seguro. No hay ningún acuerdo", lamentó.
Ante esta situación, el 29 de agosto presentaron un nuevo memorial en la Copadeh, donde detallaban y explicaba su oposición a varios aspectos señalados por Fontierras que perjudicaban a la comunidad, incluso, en donde se argumentaba que los vecinos "no querían dejar sus propiedades".
"Es una aseveración temeraria y falsa, pues nunca se ha manifestado tal cosa de manera expresa o tácita... como comunidad, hemos manifestado mediante memorial que se nos explique cómo opera o funciona el tema de renunciar a nuestro patrimonio", se lee en el memorial.
Historia de resistencia
Esta no es la primera vez que esta comunidad resiste a una situación complicada. Durante la guerra, los padres y abuelos de los hombres y las mujeres de la Nueva Trinidad huyeron del Ejército y abandonaron todo lo que tenían en la aldea Buena Vista, Huehuetenango, para migrar hacia México.
Tras la firma de La Paz, la comunidad se organizó para retornar al país, pero sabían que no podían volver a Huehuetenango, porque sus tierras ya estaban ocupadas y no querían pelear con nadie, así que comenzaron a gestionar un terreno con el extinto Fondo para la Reinserción Laboral y Productiva de la Población Repatriada (Forelap).
Los apoyaron con 12.5 millones de quetzales, con la que adquirieron la Finca Trinidad, en Escuintla, donde han residido desde 1998 y, ahora, después de 25 años de vivir en el lugar, supieron que el área estaba declarado inhabitable desde 1954 y ahora, por segunda ocasión, en diciembre de 2022 se refrendó la declaratoria.
En tanto, los vecinos de la Nueva Trinidad sólo quieren un espacio donde vivir. "No pedimos nada de regalado, pero si el Estado declaró inhabitable nuestros hogares y nos prometió que nos ayudaría con la compra de una finca, por lo menos esperamos que cumplan su promesa", manifestó Pérez.
Soy502 buscó opinión de Presidencia, Fontierras y de la Copadeh, pero, a pesar de haber enviado un pliego de preguntas a cada una de las instituciones, no se obtuvo ninguna respuesta.
En Presidencia indicaron que la responsable del tema era Fontierras; tras varios intentos de lograr respuesta a las interrogantes, nunca enviaron sus respuestas, hecho que también ocurrió en la Copadeh.
