El Ministerio Público (MP) detalló la investigación que durante los últimos tres años ha desarrollado en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se la ha denominado: "Asalto al Ministerio de Salud", en el que se evidencia un "saqueo" a esta institución y hasta se usó el terremoto en San Marcos para extraer recursos de forma anómala.
El testimonio de un colaborador eficaz, correos electrónicos, escuchas telefónicas, informes financieros son parte de las pruebas que de acuerdo a los investigadores incriminan a 112 personas entre exfuncionarios de Salud, diputados, alcaldes, gobernadores y otros personajes como un exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos.
Dos células
La investigación determinó que en la administración del entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, se conformó esta estructura divida en dos células. Como parte de las personas externas al ministerio y que coordinaron las acciones ilícitas se señala a la hija del exministro, Saraí Villavicencio y al entonces diputado Luis Fernando Pérez Martínez. Como intermediario actuó Juan Manuel Pelaez Corzo.
Otro grupo surgió y según el MP y la CICIG era liderado por Juan de Dios Rodríguez de la Cruz, que para el momento de los hechos era el Secretario Privado de Otto Pérez Molina. Esta persona, para evitar visibilizarse, colocó como intermediario a Roberto Dávila quien "recogía el dinero", dice la investigación revelada.
Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez eran los encargados de coordinar a quienes se nombraba en puestos clave y a quienes se contrataba y Saraí por ser la hija del ministro lograba que su padre diera el visto bueno a las actividades irregulares.
El enriquecimiento
Crean tres maneras de enriquecerse, dicen los investigadores:
Los sobornos recibidos por integrantes de la estructura suman 53 millones de quetzales, informó el Ministerio Público y la CICIG. Actuaron en más de 51 eventos colocados en Guatecompras.
El Estado de calamidad
Incluso utilizaron el Estado de Calamidad decretado en 2012 por el terremoto que afectó a siete departamentos y lograron adjudicar obra gris a su conveniencia con el objetivo de cobrar sobornos a cambio de la adjudicación de contratos.
En la mayoría de los casos las empresas no cumplían con los requisitos mínimos para realizar las obras.
Se ejemplificó que con la construcción del hospital de Villa Nueva. El costo de la obra asciende a 186 millones 584 mil quetzales y se pagó como comisión ilegal por la adjudicación 2 millones 300 mil quetzales.
Otro ejemplo es el de la reposición del Hospital de San Marcos. El costo ascendió a 5 millones 192 mil quetzales y se cobró el 15% de soborno para adjudicar la obra, por lo que el pago ilegal fue de 778 mil 876 quetzales.
En relación a los bienes y servicios se informó que el sobrino de Otto Pérez Molina, Jaime Pérez Castillo está involucrado por haber cobrado en comisiones ilegales al menos medio millón de quetzales al vender bombas de infusión para uso de los hospitales de Zacapa, Chiquimula y Amatitlán.
La audiencia de primera declaración estará a cargo de la jueza Erika Aifán, quien citó a 84 personas y giró 28 órdenes de captura. El MP presentará 10 solicitudes de antejuicio se anunció.
