El Tribunal Undécimo de Sentencia inició este viernes el juicio en el caso denominado IGSS-PiSa e IGSS-Chiquimula, en el cual el Ministerio Público (MP) acusa a 24 personas. Esta es la segunda ocasión que el debate inicia.
El primer juicio se anuló tras la denuncia del juez suplente del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, quien denunció presiones de la entonces magistrada Blanca Stalling para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, uno de los sindicados en este caso.
- PODRÍA INTERESARTE:
Inicia
Sin embargo, este viernes el Ministerio Público solicitó al Tribunal Undécimo que el debate no iniciara, argumentando que está pendiente de llevar a cabo una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde pedirán que el caso pase a Mayor Riesgo.
#CasoIGSSPisa-Chiquimula | Pdta. del Tribunal dice a sindicados que el juicio definirá su situación legal. @soy_502 pic.twitter.com/3KRiiKZSHw
Luego de unos minutos de análisis, el Tribunal denegó la petición y resolvió iniciar el debate oral y público inmediatamente.
- QUE NO SE TE PASE:
#CasoIGSSPisa | MP solicita que no inicie el juicio debido a que hay acciones pendientes para que el proceso pase a Mayor Riesgo @soy_502 pic.twitter.com/JuCPYysco5
Entre los sindicados, además de Otto Molina Stalling, se encuentran Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS y todos los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social, así como enfermeras que integraron la Junta de Licitación, empresarios y particulares implicados en el proceso de contratación de la farmacéutica PiSA.
El caso
El 21 de julio de 2014, el Seguro Social inició un proceso de contratación para los servicios de diálisis peritoneal para sus pacientes y que fue adjudicado a PiSa, S.A. en octubre de ese año por 116.2 millones de quetzales. Según las pesquisas, Otto Molina Stalling y Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, asesores del IGSS, eran los encargados de asegurar que la empresa de origen mexicano fuese beneficiada.
- ENTÉRATE:
Además de la transacción sospechosa y del procedimiento anómalo para adjudicar el contrato, el servicio de diálisis peritoneal afectó la vida de 540 pacientes renales ya que la empresa operó de forma "irresponsable", detalló la Procuraduría de los Derechos Humanos. Como saldo, 45 personas perdieron la vida por infecciones derivadas de malos procedimientos.
