Esta semana, diferentes actores y sectores de la población guatemalteca han expresado su opinión acerca de la Iniciativa de Ley 5082, Ley Marco para la Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué dice el sector de la construcción?
En contexto: ¿Ley para protección del consumidor? Sectores piden revisión de iniciativa
Para proponer y disponerse a integrar la discusión en torno a la Iniciativa de Ley 5082, la Ley Marco para la Protección y Defensa del Consumidor, la Cámara Guatemalteca de la Construcción expresó en un comunicado su interés de "contribuir de manera constructiva a la discusión en torno a dicha Ley".
Pues, considera que es preciso promover el diálogo especializado y técnico desde el legislativo para continuar en la intención de aprobar esta normativa.
A través de un comunicado, la Cámara Guatemalteca de la Construcción expresó la importancia de garantizar la protección y del usuario en el país, sin embargo, abogan por un debate abierto e inclusivo donde todos los sectores regulados tengan la oportunidad de participar, esto sugiere que la Ley no ha tenido un debate amplio que, a decir de este sector, atenta contra los procesos productivos en el país.
La propuesta de la CGC
La Cámara expresa que la discusión para normar la protección del usuario debe ser equilibrada, razonable, proporcional y certera que garanticen la aplicación de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República.
Que se demuestre la comprensión completa de los procesos productivos para evitar su obstaculización.
En consecuencia, la sólida protección al consumidor.
Se compromete a colaborar activamente en el proceso para integrar ese debate amplio acerca de la Ley.
En relación con la Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor: pic.twitter.com/IdXrZLTFuM
La protección del consumidor
El objetivo de la iniciativa 5082, Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor buscar normar las relaciones entre proveedores y consumidores y usuarios como consecuencia de actos jurídicos que lleven a cabo entre sí, estableciendo las infracciones por perjuicios al consumidor y usuario señalando los procedimientos aplicables en esta materia.
Las manifestaciones de otros sectores han hecho hincapié en algunos cambios que deben procurarse en la Ley previo a su discusión en el Pleno del Congreso, entre ellos: la autoridad que se crearía para atender la defensa del consumidor, tendrá un mandato excesivo porque en el marco de la ley que se discute actualmente, esta podría verificar mediante visitas, requerimiento de información o documentación, o por cualquier otro medio que la ley permita, lo que, a su parecer, se convertiría en un exceso de burocracia (costoso).
el Consejo Nacional Empresarial hizo énfasis en las debilidades técnicas que presenta la iniciativa y sugirió la revisión de los artículos: 11, Patrimonio de la Procuraduría de la Defensa y Protección del consumidor y Usuario, (destino de las Multas) dado que la ley establece que los recaudos mediante este instrumento se constituyen en fondos privativos, el CNE con las recomendaciones de la OECD, esta decisión podría significar "incentivos equivocados, especialmente si cuenta con un grado alto de autonomía", por lo que recomienda que se debe enmendar el régimen patrimonial y económico de la Prodeco para mitigar el riesgo de generar incentivos perversos.
