Las autoridades han extendido el plazo hasta el 2025 para la entrada en vigencia del reglamento que obliga a contratar un seguro, mientras los pasajeros siguen siendo las principales víctimas de los percances en carreteras.
EN CONTEXTO: Tragedia en Sumpango: heridos y fallecidos después que un bus cayera en un barranco
El Ministerio de Gobernación publicó este 21 de enero una reforma al Reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.
Se trata de una modificación a la entrada en vigencia de la contratación del seguro, el cual empezará a regir hasta mediados de 2025. Esta medida se implementa luego de varios accidentes fatales que han dejado muertos y múltiples heridos.
“El primer pago y contratación del seguro anual obligatorio de transporte colectivo urbano de pasajeros o de carga para los que realizan dicha actividad actualmente, debe efectuarse dentro de 30 meses a la entrada en vigencia del reglamento. Y para el caso del transporte colectivo urbano de pasajeros o de caga que se autorice posteriormente a la vigencia del presente reglamento, a partir de la fecha en que se les haya autorizado para prestar el servicio”, explica la reforma al artículo 14 de este reglamento.
Seguro obligatorio hasta el 2025
Dicho reglamento debía entrar en vigencia en los próximos días. Por ello, representantes del transporte mostraban su inconformidad y algunos habían amenazado al Gobierno con la toma de carreteras para los próximos días debido a esta medida.
El Gobierno cedió a las demandas de los transportistas en lugar de las víctimas de los accidentes y debido a que los buses cuentan con seguro.
Para refrescar la memoria de las autoridades, en la última semana, varios accidentes de tránsito han sido provocados por conductores del transporte colectivo, como la tragedia ocurrida en Sumpango Sacatepéquez el 16 de enero con un saldo de seis muertos y diez más heridos de gravedad.
Y si, este bus no contaba con seguro y el piloto no estaba registrado en la base de datos de la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Comunicaciones.
Horas después, el Gobierno publicó que la prórroga será de seis meses y no 30 meses, como se ha publicado en el Diario de Centro América el 21 de enero.
