La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, aseguró que ese partido apoyará propuestas similares a las que implementó el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para reactivar la economía durante la crisis por el nuevo coronavirus en Guatemala.
Sin embargo, la fuerza política de Torres se ha mermado tras la división de la UNE, luego de que ella fuera procesada penalmente. Cuando se requirió del voto de diputados afines a Torres para apoyar una propuesta similar realizada por la fracción opuesta de la UNE, estos diputados estuvieron en contra.
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Pese a esta división en su bancada, la excandidata señaló: "Apoyaremos propuestas que ayuden a que la economía fluya, tomando como referencia las moratorias implantadas en El Salvador, entre otras".
Este mensaje se difunde un día después de que Bukele ordenara suspender el pago de las facturas de energía eléctrica, agua, televisión por cable, Internet, pagos de préstamos y tarjetas de crédito por los próximos tres meses. Estas deudas se pagarán en un plazo de dos años sin afectar la calificación crediticia de los clientes.
"Sin embargo, empresarios deberán asumir compromisos en pro de la salud y vida de los trabajadores. Primero es la gente", agregó Torres.
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Este jueves, el diputado de la bancada Victoria, Manuel Rivera, presentó una iniciativa de ley que contiene las mismas disposiciones que Bukele implementó en El Salvador al suspender el pago de los servicios básicos y que la deuda sea cancelada en un plazo de dos años.
Pleito entre diputados
El martes, diputados de la UNE, del grupo que busca expulsar a Torres del partido, presentaron una iniciativa de ley para prohibir los cortes de los servicios de agua potable, energía eléctrica, Internet y telefonía durante tres meses. La propuesta también contempla que durante estos tres meses los préstamos y deudas bancarias no generen intereses.
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El grupo de parlamentarios de la UNE, que está integrado por cerca de 20, que presentó esta propuesta, ha tenido conflicto con Torres desde hace varios meses. El grupo afín a la excandidata presidencial no apoyó que se exonerara de dictamen la propuesta de sus compañeros para acelerar su aprobación.
Torres actualmente está ligada a un proceso penal por asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, debido a que habría consentido que su partido recibiera al menos siete aportaciones de dinero por 5.9 millones de quetzales (Q5,900,000), sin informar al Tribunal Supremo Electoral (TSE).