La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la petición de ejecutoria solicitada por la Fiscal General Consuelo Porras en contra del presidente Bernardo Arévalo y varios funcionarios de Gobierno.
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El 31 de julio pasado, la Fiscal General presentó a la CC una debida ejecutoria, con la que pretendía que los magistrados procesaran a Arévalo, luego que la máxima magistratura le otorgara un amparo provisional en el que se ordena al Ejecutivo evitar acciones que "tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público (MP)".
Con esta acción, también se pretendía que se procesara al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; al procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta; Secretario de Comunicación, Santiago Palomo; y al ministro de Finanza, Jonathan Menkos.
Según Porras, Arévalo ha "mentido" respecto a la labor que efectúa el MP y aseguró que ha actuado de manera "arbitraria" e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales financieras y presupuestarias. Así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General".
Sin embargo, la CC rechazó la solicitud para la debida ejecutoria del amparo provisional otorgado a favor del MP, mismo que fue presentado por el ente investigador el pasado 7 de mayo.
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El amparo fue presentado el 5 de mayo ante la amenaza real, cierta e inminente de que el Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y… pic.twitter.com/WLVAjyom89
Al respecto, los magistrados de la CC respondieron: "Este Tribunal declaró sin lugar la solicitud planteada por virtud que los efectos que se pretendían hacen valer, no se extendían a lo indicado".
Voto razonado
Aunque la resolución de rechazar la debida ejecutoria se aprobó de manera unánime, el magistrado Roberto Molina Barreto presentó un voto particular concurrente, en el que argumenta que el MP denunció al Organismo Ejecutivo y funcionarios subordinados "han incumplido con lo ordenado por la Corte".
"Afirma que continúan las acciones que interfieren en las funciones del ente investigador y que pretende controlarlo. Junto a su petición presentó distintos atestados para acreditar la existencia de comunicados oficiales, publicaciones, notas periodísticas, así como denuncias y amparos".
Molina Barreto consideró que, sin bien los funcionarios de Gobierno manifestaron que las publicaciones "son manifestaciones de libre emisión del pensamiento... no puede dejar de tomar en cuenta (todo lo actuado) para proponer una solución".
"Las medidas propuestas se dirigían a orientar al funcionario en el debido ejercicio del derecho de la libertad de expresión, el cual, como la gran mayoría no es absoluto. Se propuso advertir a los funcionarios que sus declaraciones públicas, si bien son en buena medida una manifestación de libertad de expresión... precisan ser prudentes, respetuosas y comedidas", subrayó el magistrado.
