Una iniciativa de ley reabrió el debate entre quienes buscan condenas más severas para los delincuentes y quienes sostienen que castigos como la mutilación representan un retroceso en el respeto a los derechos humanos.
De lograr aprobarse la iniciativa, los condenados por violación podrían elegir entre cumplir condenas de prisión de hasta 25 años o ser castrados quirúrgicamente y obtener libertad condicional.
Actualmente la pena máxima para los violadores es de doce años, aunque si existe un agravante como que el abuso se haya perpetrado entre dos o más personas, el violador sea familiar de la víctima o su maestro, la condena puede ser hasta de 20 años.
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La propuesta del diputado José Hernández de la Unión del Cambio Nacional (UCN) es que la condena por violación sea de 15 años y en caso de que exista un agravante se incremente en dos terceras partes, es decir que podría llegar a ser de hasta 25 años.
Sin embargo, deja abierta la posibilidad para que los violadores elijan si cumplen la condena en prisión o si les son extirpados los testículos para ser beneficiados con arresto domiciliario. Aunque en caso de reincidencia, la condena automática sería la castración quirúrgica y los años de prisión que determine el juez.
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Hernández señala que en los países “en los que se aplica la castración, los índices de reincidencia son del 10%, mientras que en Guatemala la reincidencia es de entre 85% y 95%”, por lo que considera urgente modificar el Código Penal para evitar más abusos.
El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells considera que esta propuesta es ilegal porque violaría los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado.
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El Director Ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Nery Rodenas, afirma que esta propuesta es ilegal y la califica como medieval por considerar que “se estaría regresando a la justicia de 'ojo por ojo'”.
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El artículo 19 de la Constitución Política de la República prohíbe que los privados de libertad sean sometidos a torturas físicas o tratos denigrantes a su dignidad, entre lo que podría incluirse la castración quirúrgica.
En 2012, el entonces diputado Fernando García Gudiel propuso reformar el Código Penal para castrar químicamente a los violadores. Sin embargo, su iniciativa fue rechazada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales por considerar que atenta contra la Carta Magna.
