La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó en nombre del Estado de Guatemala que las 10 personas que fueron condenadas por el caso del "Agua Mágica" paguen como resarcimiento de manera "solidaria y mancomunada" un total de Q34.1 millones.
La abogada de la PGN, Ana Patricia Palacios, expresó ante los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C, que el monto de Q34 millones es la suma de los Q22.8 millones del contrato que se pagó por la compra de 23 mil litros de la fórmula y otros Q11 millones por intereses que se dejaron de percibir desde el momento en que salieron de la cuenta de la Tesorería Nacional.
Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) además de adherirse a la petición de la PGN, pidió que las autoridades de AMSA coloquen una plaqueta con la sentencia emitida el 9 de octubre.
La mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) en cambio requirió que los sentenciados publiquen en un medio de comunicación una disculpa pública para asegurarse que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.
También propuso que los condenados realicen un plan de acción de saneamiento de la cuenca del Lago de Amatitlán y que el Estado fortalezca a AMSA dotándole de equipo y personal especializado.
Los abogados defensores se opusieron a las peticiones con varios argumentos. La defensora de Mario Baldetti Elías dijo que debe de investigarse a la exProcuradora de la Nación, María Eugenia Villagran, debido a que fue la funcionara que se negó a declarar lesivo el contrato de compra del "agua mágica".
#AguaMágica | Defensora de Mario Baldetti Elías solicita que se investigue a la exPGN, María Eugenia Villagran , por ser la funcionaria que debió velar por recuperar los recursos. @soy_502 pic.twitter.com/0vAGxfXQyl
— Evelyn de León (@evelynndeleon) 12 de octubre de 2018
El litigante, Fernando Guerra, en representación de Jorge Mario de Jesús Cajas dijo que "no se puede pretender el resarcimiento total, cuando hay personas pendientes de enfrentar proceso penal".
La defensa de Pablo González, mencionó que "es humanamente imposible que se cumpla con ese pago" y explicó que su defendido "no tiene casa, no tiene vehículo, tiene hijos menores de edad y su esposa está desempleada".
Los defensores coincidieron en que la PGN ya perdió el momento de reclamar el dinero, debido a que no se declaró lesivo el contrato.
El Tribunal de Mayor Riesgo C, deberá analizar las peticiones y resolver si las acepta o no.
