El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, manifestó su preocupación por las constantes agresiones, amenazas, intimidaciones y restricciones que sufren periodistas a nivel nacional.
A través de un comunicado, el PDH manifestó que durante enero e inicios de febrero de este año han dado seguimiento a varias denuncias de periodistas y comunicadores sociales "por actos que vulneran el derecho a la libertad de prensa, el libre acceso a las fuentes de información y por intimidaciones".
Según Rodas, los hechos han sido cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), policías municipales, autoridades municipales y departamentales en Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Totonicapán, Izabal, Jutiapa y Chimaltenango.
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Entre los casos puntuales que señala el magistrado de conciencia resaltan las intimidaciones recibidas por Marvin García, de Artículo 35, por parte de la PNC; las restricciones establecidas a Ana González, en donde un juez le limitó el derecho a ejercer la profesión; las agresiones contra Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, quien fue víctima de descalificaciones.
Así como la violencia física que enfrentó un reportero de Telenoticias Chimaltenango durante una cobertura en Parramos; y las intimidaciones que involucran a la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia contra periodistas que cubren la fuente.
#ComunicadoPDH | El @PDHgt @JordanRodas expresa su preocupación por las agresiones, amenazas, intimidaciones y restricciones de acceso a las fuentes de información pública que sufren #periodistas en varios departamentos de la República#LibertadDePrensa @PVacaV @RELE_CIDH pic.twitter.com/PmQY35eaLx
Rodas recordó que el Estado está obligado a garantizar la libre emisión del pensamiento, sin censura, así como a promover el libre ejercicio de los derechos y libertades civiles, entre ellos la libertad de prensa.
Por ello no sólo pidió a los funcionarios y empleados públicos garantizar el acceso sin restricciones a la información, sino que al Ministerio Público le recomendó agilizar las investigaciones y la persecución penal, para reducir los altos índices de impunidad de los delitos contra periodistas.
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