La Iniciativa de Ley 5082, Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor fue presentada en el año 2016, ¿por qué ha vuelto a la discusión y genera diferentes reacciones?
Puedes leer: Canadá sanciona a Consuelo Porras y Curruchiche por "actos de corrupción"
Sectores como la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y el Consejo Nacional Empresarial (CNE), se han pronunciado en cuanto a los avances que la iniciativa que dispone aprobar la Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor supone en el país.
Por su lado, la AmCham, en su comunicado emitido este martes 20 de febrero, explica que considera necesario encontrar un balance adecuado entre la protección efectiva de los consumidores y la creación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico.
Según la AmCham, el Congreso de Guatemala debe generar mayor debate y discusión de los artículos y la redacción final para la aprobación de dicho instrumento legal.
Por su parte, FUNDESA explica que la pretensión de crear una autoridad denominada Prodeco, bajo la cobertura de esta ley implica su extralimitación en las funciones que a dicha autoridad le atañen respecto de los marcos normativos similares con los que cuentan otros países.
Diferentes miradas
La preocupación de Fundesa, según el comunicado, es que PRODECO, la autoridad que se crearía para atender la defensa del consumidor, tendrá un mandato excesivo porque en el marco de la ley que se discute actualmente, esta podría verificar mediante visitas, requerimiento de información o documentación, o por cualquier otro medio que la ley permita, lo que, a su parecer, se convertiría en un exceso de burocracia (costoso).
La referida iniciativa, dice FUNDESA incluyen algunas que perjudicarían a los consumidores y usuarios: i) Orientar la industria y el comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores y usuarios (esto desincentiva el libre mercado).
En tanto, el Consejo Nacional Empresarial hizo énfasis en las debilidades técnicas que presenta la iniciativa y sugirió la revisión de los artículos: 11, Patrimonio de la Procuraduría de la Defensa y Protección del consumidor y Usuario, (destino de las Multas) dado que la ley establece que los recaudos mediante este instrumento se constituyen en fondos privativos, el CNE con las recomendaciones de la OECD, esta decisión podría significar "incentivos equivocados, especialmente si cuenta con un grado alto de autonomía", por lo que recomienda que se debe enmendar el régimen patrimonial y económico de la Prodeco para mitigar el riesgo de generar incentivos perversos.
El Consejo también sugirió la revisión de los Artículos 19 y 38, según el comunicado.
Por otro lado, el sector privado aglutinado en el Cacif, a través de Ignacio Lejarraga, presidente de la institución expresó que esta iniciativa es una legislación necesaria para todos los guatemaltecos, sin embargo, considera que:
"Debemos buscar que la misma sea una legislación técnica que apoye a los consumidores sin afectar a los empresarios, tanto pequeños, medianos y grandes, que son quienes les proveen de productos y servicios. Existen iniciativas de ley en el Congreso que tienen un mayor recorrido de diálogo con los actores importantes dentro de la sociedad, como lo es la Ley de Tarjetas de Crédito, y otras como esta iniciativa, aún requieren una mayor discusión".
Acerca de la iniciativa 5082
El objetivo de la iniciativa 5082, Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor buscar normar las relaciones entre proveedores y consumidores y usuarios como consecuencia de actos jurídicos que lleven a cabo entre sí, estableciendo las infracciones por perjuicios al consumidor y usuario señalando los procedimientos aplicables en esta materia.
Con el fin de promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, en las relaciones entre proveedores o prestadores de servicios sean estos públicos o privados, y los consumidores o usuarios de estos.
En el artículo 4. Ámbito de Aplicación: la iniciativa explica que la ley regula todos actos y contratos verbales o escritos que se realicen entre proveedores y consumidores y usuarios dentro del territorio nacional sean estas personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, siempre y cuando se considere que exista vulneración a los derechos de los Consumidores y Usuarios.
En cuanto a la perspectiva de AmCham, detalló que es importante contar con marcos legales que aseguren la defensa de los derechos de los consumidores en Guatemala. Reiteran la solicitud a los jefes de bloque del Congreso de la República a realizar un análisis detallado y una discusión amplia, con la participación de todos los sectores impactados por esta iniciativa
