Diputados al Congreso de la República aprueban una nueva ley que tipifica los delitos cibernéticos.
Te interesa: "Yo creo que ya está parado, pero no", la burla de Arzú al PDH (video)
El decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia fue aprobado el jueves pasado por los diputados del Congreso de la República, pero entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario de Centro América.
Según el decreto aprobado por los diputados, el objetivo de esta ley es proteger integralmente a las personas, sus bienes y derechos, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información.
La ley aprobada contiene varios artículos en los cuales se detallan la definición de algunos términos y crea nuevos delitos como el "Acoso por medios cibernéticos o ciberacoso".
Este en específico, señala que se comete acoso por medios informáticos al intimidar o asediar a una persona o grupo de personas. Así como divulgar información confidencial de otra personas que afecte su honor o su salud física o psicológica.
También contempla varias reglas para incorporar medios digitales para la obtención de evidencias, creación de órganos y pruebas en el proceso penal.
Crea el Centro de Seguridad Institucional de respuesta técnica ante problemas informáticos y se crean las alertas para detectar casos de emergencia de ciberseguridad.
La Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia nació de la iniciativa 5601, presentada en 2019 por el exdiputado Rodrigo Valladares.
Lee el decreto 39-2022
Decreto 39-2022La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifiesta rechazo
La APG mostró su rechazo a la aprobación de la Ley contra la ciberdelincuencia y al avance de la discusión de la iniciativa de "Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad".
Según la Asociación, con el decreto 39-2022 se pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, mientras con la iniciativa se promueve el uso indiscriminado de la fuerza letal en manifestaciones.
"Dichas propuestas están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación y continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura", se lee en un comunicado.
La APG también señala que aunque en algunos artículos del decreto 39-2022 se indica que serán excluidos los casos de libertad de expresión reconocidos en Convenios Internacionales, no existe garantía de que funcionarios, empleados, políticos y sus allegados en contubernio con el sistema de justicia no emplearían esta norma para perseguir a los medios, los periodistas, los ciudadanos o las organizaciones.
En el comunicado la APG también recuerda lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República en donde se señala que "no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en sus funciones las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social".
