La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, aprobada de urgencia nacional hace un mes, continúa generando polémica no solo por la celeridad de su aprobación sino por su contenido, el cual fue discutido este lunes por las municipalidades y empresarios afectados.
La reunión principal tuvo lugar en el Congreso de la República, donde los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) solicitaron al presidente de dicho Organismo derogar algunos artículos y reformar otros.
El espíritu inicial de la Ley es controlar la señal de teléfonos móviles en centros carcelarios; sin embargo, casi toda el documento se refiere a nuevas atribuciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para instalar infraestructura de transmisión de datos.
Se contempla que para instalar una torre de transmisión las empresas que prestan el servicio deberán contar, como mínimo, con 6 mil kilómetros de fibra óptica y poseer más de 100 mil líneas de acceso; además limita el cobro de las municipalidades que antes cobraban desde 70 mil hasta 150 mil quetzales por una torre de transmisión, ahora deberán cobrar 30 mil a todos.
Este párrafo es el que molesta a la Anam, pues a criterio Gerson López, secretario General de dicha organización, la Ley contraviene la autonomía municipal en captar sus propios recursos y ordenar sus territorios.
López señaló que la Ley no es del todo “nociva”, ya que piden que la solicitud a la SIT contemple la licencia de construcción emitida por la comuna respectiva, estudios de impacto ambiental e informes antropológicos. “Pueden haber lugares de interés turístico o arqueológico”, agregó.
De acuerdo con López, la propuesta fue recibida y será discutida en instancia de jefes de Bloque en los próximos días para consensuar los ajustes jurídicos de la Ley.
Empresas de cable
Por otro lado, las empresas de cable asociadas en la Gremial de Operadores de Televisión por Cable, adscrita a la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), también se manifestaron este lunes, pues esta Ley otorga privilegios a grandes empresas limitando a las pequeñas.
Javier Zepeda, director Ejecutivo de la CIG, señaló que el desacuerdo se genera al no haberse realizado ninguna consulta a los sectores que conocen el tema, “lo cual provoca que la Ley tenga deficiencias técnicas y jurídicas”.
Aunque la Ley fue aprobada de urgencia nacional, varios diputados indicaron hace un mes desconocer el contenido de la Ley. Zepeda denuncia que la iniciativa llegó ese mismo día al Congreso y se aprobó de Urgencia Nacional.
Mientras las municipalidades discuten posibles reformas en el Congreso, los empresarios analizan tomar medidas por la vía legal en donde podrían presentarse recursos de inconstitucionalidad.
