La ley es de carácter temporal y estará vigente una vez dure la emergencia causada por el Covid-19. Y algunas de las actuaciones que permite es la compra directa de bienes y suministros médicos de importación.
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La compra ágil de medicamentos, la contratación de personal, normas de transparencia y rendición de cuentas, son algunas de las disposiciones que el Congreso quiere realizar con una nueva ley para el Sistema de Salud.
La propuesta está siendo analizada por los jefes de bloques, autoridades de los Ministerios de Salud y de Finanzas y del Seguro Social y de algunos diputados que participan de manera independiente.
Soy502 tuvo acceso a la propuesta inicial que se está discutiendo, en la que, entre otras cosas, se busca agilizar la compras de medicamentos y la contratación de personal médico para atender la pandemia.
El Decreto, de ser aprobado, aplicará al Ministerio de Salud, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al Centro Médico Militar y al Hospital General de la Policía Nacional Civil (PNC) y se aplicará en las compras de medicamentos, suministros, material médico quirúrgico y servicios destinados a pacientes con Covid-19.
Entre el listado básico de medicinas se encuentra el Remdisivir, la Bemiparina, el Acetaminofén, así como ventiladores, camas, camillas, cascos de oxigenación, los humificadores, los insumos de laboratorio y el tiempo o espacio en los medios de comunicación para realizar campañas publicitarias relacionadas con la pandemia.
Pese a que gozarán de algunos privilegios, las entidades deberán gestionar y publicar todas sus adquisiciones en el sistema de Guatecompras, aunque no se limitarán a los llamados a presentar ofertas, aclaraciones e inconformidades, entre otras cosas.
Se excluye de la ley todas las negociaciones relacionadas con la compra y arrendamiento de bienes inmuebles y la construcción de infraestructura sanitaria. Esto provocó discusión entre los jefes de bloques, debido a los arrendamientos de hoteles hechos por el IGSS, para albergar a pacientes infectados.
También se obliga a todas las instalaciones estatales, autónomas o no, a prestar sus instalaciones para las actividades sanitarias que sean necesarias y se exonera de impuestos a las donaciones que sirvan para atender el Covid-19.
Descarga aquí el primer borrador de la Iniciativa de Ley
Iniciativa
