Luego de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expertos coinciden en que habrá repercusiones y algunas podrían ser inmediatas.
Según los expertos consultados, el anuncio preocupará a nivel internacional porque se verá a Guatemala como un país que respalda la corrupción, pero la forma en que Morales informó, acompañado de militares, podría generar un impacto más grande.
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Fernando Carrera, excanciller de Guatemala, explicó que se verá como que el Presidente "decidió unirse a Venezuela y a Nicaragua, para abandonar el Estado de Derecho y el orden constitucional". Es decir, "fuerza militar en lugar de la aplicación de la ley".
El exfuncionario consideró que habrá una respuesta contundente por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos, así como de la Unión Europea, en respaldo a la CICIG y a su labor en el país, ya que es un tema político y diplomático de seguridad regional.
Guatemala's President Morales has decided to join Venezuela and Nicaragua in abandoning the rule of law and constitutional order. Military force instead of law enforcement. Backing the Constitutional Court, the Human Rights Ombudsman and CICIG is the only way forward. pic.twitter.com/TsZejnXuMg
Carrera explicó que podría haber condenas individuales de EE. UU., por ejemplo, a través de la Ley Magnitsky, la cual permite a ese país imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan violado los derechos humanos o hayan participado en actos de corrupción en sus países de origen, todo con el fin de que la CICIG continúe haciendo su trabajo de cara al proceso electoral.
¿Sanciones comerciales?
Mientras que el abogado internacionalista, Gabriel Orellana, indicó: "La decisión tiene apariencias de ajustarse a la ley, pero no mucho de legalidad, porque las circunstancias en las que el Presidente tomó esa determinación no le son favorables ante los ojos de la comunidad internacional, pues se interpretará como que no está destinada a cumplir con la Constitución, sino que es para defender su interés personal".
El jurista mostró su preocupación ante las sanciones directas o indirectas que puedan venir de organismos internacionales y financieros con el fin de ejercer presión, para que el país retome la lucha contra la corrupción, en especial por parte de EE. UU. y la Unión Europea.
José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), calificó la decisión de Morales como "un golpe directo a la lucha contra la impunidad", pues, a su criterio, "busca detener los procesos de investigación contra los actos contra el país".
El experto lamentó que el Presidente haya anunciado su postura, en un contexto político preelectoral y polarizado, y que haya utilizado "mensajes simbólicos que mandan muestras de autoritarismo y represión que recuerdan la política negra y triste en la que las fuerzas armadas tomaban decisiones ilegítimas y dictatoriales".
Sanabria consideró que la comunidad internacional usará elementos para revertir la decisión del mandatario, pero estima que aún es prematuro, pues está seguro de que habrá acciones internas que harán presión.
Sin repercusiones
Mientras que algunos sectores temen las repercusiones, el director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, consideró que no habrá impacto.
"Se tiene un año para la transferencia de conocimientos que, esperamos, fortalezca al Ministerio Público. Se agradece el apoyo de la CICIG, respetamos la decisión de la Presidencia y no creemos que vaya a tener ningún tipo de impacto. No debiera de afectar", manifestó.
Aunque no dudó de que habrá reacciones y manifestaciones de entidades internacionales, para él lo mejor es que "se respete la soberanía y las decisiones nacionales".
Primeras reacciones
El director para Latinoamérica de Human Rights Watch fue uno de los primeros en pronunciarse. Utilizando las redes sociales, el funcionario de la organización de derechos humanos lamentó la decisión de Morales y recordó que la CICIG investiga al mismo Presidente.
***Importante***
Grave retroceso para la democracia y el estado de derecho en Guatemala: Pdte. @jimmymoralesgt acaba de revocar el mandato de la @CICIGgt, un organismo clave anti-corrupción que investigaba al propio presidente.@CICIGgt tiene un año para salir del país. pic.twitter.com/pm2iyfx0ZP
También calificó como "acto de flagrante intimidación" el hecho de que varios vehículos militares hayan sido colocados frente a la sede de la CICIG, antes del anuncio presidencial.
Guatemala: prior to announcement by @jimmymoralesgt on the decision to end @CICIGgt’s mandate, 12 jeeps parked in front of the UN-backed body’s office in a flagrant act of intimidation. pic.twitter.com/f8YZffNK8I
Al tiempo que la organización promotora de los derechos humanos, Wola, pidió al Congreso de los EE. UU. que aclare que la decisión de Morales.
#Guatemala's anti-corruption commission @CICIGgt plays a fundamental role in fighting the organized crime that drives so many to flee Central America.
It’s essential that the U.S. Congress make clear that this move will bring about serious consequences: https://t.co/9izlJceNAc
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