Diversos sectores han alertado sobre el riesgo en que se pondría al país, tras la aprobación del Presupuesto 2024.
EN CONTEXTO: Las más de 400 obras que aseguró el Congreso en el Presupuesto 2024
Pese a los múltiples señalamientos contra el Presupuesto General de la Nación que el Congreso aprobó para el próximo año y los llamados de diversos sectores para que se otorgara el veto presidencial, el mandatario Alejandro Giammattei decidió que la normativa debe cobrar vigencia.
Este viernes 15 de diciembre se publicó en el diario oficial el Decreto 18-2023, que contiene el techo de gastos, la meta de recaudación y múltiples candados para la ejecución de los recursos durante el siguiente ejercicio fiscal.
Según aparece en el normativa, Giammattei sancionó el Presupuesto 2024 el jueves 14 de diciembre; también lo firmaron el ministro de Finanzas, Edwin Martínez, y la secretaría general de la Presidencia, María Consuelo Ramírez.
Los sacrificados y los favorecidos
Uno de los aspectos que ha sido duramente criticado en este presupuesto es la disminución de recursos a carteras como Salud, Gobernación, Agricultura y Desarrollo Social, que tienen a su cargo la atención de grupos vulnerables de la población.
Al comparar la propuesta que envío la administración de Giammattei y la que finalmente aprobó el Congreso, el pasado 30 de noviembre, se aprecia una reducción de Q1,071.3 millones, en esos cuatro ministerios.
Tales fondos habrían permitido dotar de más recursos a instancias que han sido señaladas de opacas, como el Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos y Registro Nacional de las Personas, que obtuvieron incrementos de entre Q200 millones y Q400 millones.
Los candados
De acuerdo con el gobierno electo, entes económicos y empresariales, el problema con el presupuesto es que "prácticamente dejaría atada de manos" a las nuevas autoridades, por la cantidad de candados que contiene.
Uno de ellos es la garantía de asignaciones a más de 400 obras de infraestructura, sin posibilidad de reducirles los montos, lo cual también aplica para el MP. Además, el Ejecutivo tendría que regresar al Congreso para solicitar permiso cada vez que pretenda colocar los bonos del Tesoro, que, en parte, financiarían la deuda del Estado.
Por otra parte, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia solo podría pautar en medios de comunicación con cobertura nacional y gratuita, lo cual aseguraría que empresas allegadas a la actual administración sigan recibiendo fondos del Estado.
Alertaron sobre riesgos
Una de las entidades que ha alertado sobre la implicación de estos candados para el funcionamiento del Estado el próximo año es la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).
El ente empresarial se unió a las voces que urgieron al presidente Giammattei vetar la ley, pues, según su análisis, carece de calidad técnica, limita la capacidad de acción del próximo gobierno y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones financieras.
En una línea similar se pronunció la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, mientras que la Coordinadora Nacional de Transportes se centró en la incapacidad en que se dejaría al Ejecutivo para desarrollar obras de infraestructura prioritarias.
A estos temas se refirió, además, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y agregó la opacidad que se percibe al haber asignado fondos a más de 100 oenegés, pese a que algunas son de reciente creación.
Instancias, como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) han hecho análisis sobre lo avalado y también han evidenciado una falta de criterios técnicos por parte de los diputados, así como el impacto para el plan de gobierno de las nuevas autoridades.
Por su parte, organizaciones indígenas presentaron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC).
