La ministra de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Jimmy Morales rompió el silencio sobre sus aspiraciones en el Legislativo.
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Aunque había guardado silencio sobre su interés por convertirse en la próxima presidenta del Congreso, la excanciller Sandra Jovel finalmente admitió su postulación para ese cargo.
Por medio de su cuenta en X (Twitter), la diputada electa por Valor expresó que, "después de un profundo análisis, consenso y apoyo con la mayoría de los bloques de los partidos políticos", decidió encabezar una nómina para la integración de la nueva Junta Directiva del Legislativo.
En su mensaje, Jovel asegura que tiene por lo menos 90 votos, aglutinados en los grupos que la respaldan, con lo cual podría ser quien sustituya a Shirley Rivera. Hizo ver que su planilla es "multipartidaria y altamente representativa".
"Respetuosa de la ley y la democracia"
La exministra de Relaciones Exteriores aprovechó su publicación para resaltar su respeto a "nuestra Constitución, la democracia y sus leyes".
"Reitero mi compromiso de trabajar conjuntamente con los que deseamos un mejor futuro para nuestra nación, para que prevalezca el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley", reza el texto que compartió en su cuenta. Ahí también aparece una fotografía suya, junto al pabellón nacional.
Su perfil
Sandra Erica Jovel Polanco dirigió el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), entre 2017 y 2020, durante el gobierno de Jimmy Morales. Antes de ello, en 2010, se le señaló en un caso de adopción ilegal.
Su gestión en la mencionada cartera fue duramente criticada, pues fue una de las principales promotoras de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y de la declaratoria de non grato contra el jefe de esa entidad, Iván Velásquez.
Dos meses antes de que terminara el gobierno de Morales emitió un acuerdo que, según ella, sentaba las bases para crear una carrera diplomática, pero, en realidad, protegía los nombramientos que hizo de última hora, favoreciendo a sus allegados.
La norma impedía que tales personas fueran removidas de su cargo en los siguientes tres años y prohibía su destitución. Cuando Alejandro Giammattei asumió la Presidencia dijo que eso era ilegal y suspendió la disposición.
