El Gobierno deja sin efecto el Acuerdo que daba vida al Reglamento que obligaba al transporte colectivo y de carga contratar un seguro obligatorio de daños contra terceros.
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El Gobierno de Guatemala derogó el Acuerdo Gubernativo 17-2020, el cual daba vida al Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra terceros del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga y sus reformas.
La derogación se dio a conocer en el Acuerdo Gubernativo Número 151-2022, el cuál fue publicado en el Diario Oficial este lunes 20 de junio.
En él se explica que en el Artículo 5 se encuentra una tabla de salarios mínimos que se aplica para determinar los valores a indemnizar cuándo haya afecciones a personas, tanto terceros como tripulantes y pasajeros.
Mientras que en el Artículo 6, del mismo documento, se contempla la indemnización en caso de incapacidad por lesiones o afectaciones personales, el tiempo de curación y reincorporación a las actividades personales o laborales.
"Lo anterior no está sustentado técnicamente ni respaldado con los estudios actuariales correspondientes, según lo establecido en el párrafo tercero del artículo 36 del Decreto número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora", se lee en la publicación.
¿Qué establecía el Acuerdo del Seguro?
El mencionado reglamento establecía que todo propietario de vehículo de pasajeros autorizado para circular por la vía pública debía contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, según la Ley de Tránsito.
En el artículo 2 se indicaba que el seguro debía cubrir los daños que ocasionaran los vehículos a la propiedad privada, propiedad pública, al ambiente y a las personas que se conducieran o no en el vehículo asegurado.
También debía cubrir a los afectados por muerte, lesiones, daños o perjuicios. Sin embargo, este acuerdo provocó la molestia de los transportistas quienes realizaron diversas manifestaciones para exigir al Gobierno que derogara el reglamento.
Al inicio, el Gobierno de Alejandro Giammattei cedió y prorrogó hasta cuatro veces la entrada en vigencia. Hasta este día, que finalmente, resolvieron derogarlo.
