La ley obliga a los funcionarios de la nueva administración a presentar su declaración patrimonial en los primeros 30 días hábiles siguientes a su toma de posesión o cese del cargo.
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Pese a que la lucha contra la corrupción fue uno de los principales temas de campaña del presidente Bernardo Arévalo, hasta el momento no ha presentado la Declaración Jurada Patrimonial que le exige la ley.
"La declaración patrimonial actual, tal cual, tiene ciertos problemas para ser pública, porque tiene elementos que pueden poner en riesgo a las personas que publican sus datos", justificó Arévalo en una conferencia de prensa, luego de inaugurar una nueva sala de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.
Según los artículo 4 y 20 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Empleados Públicos, "todas las personas que ejerzan funciones pública" deberán presentar "bajo juramento" su Declaración Jurada Patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas.
En tanto, el Presidente indicó que "están buscando un formato" que permita hacer públicos los bienes de los ministros y otros funcionarios, con el fin de "evitar riesgos".
No obstante aclaró: "En todo caso, mi declaración patrimonial será pública". Sin embargo, no dio fecha de cuándo la presentará.
