Moody's, una de las agencias de calificación crediticia internacional, mantiene baja la evaluación de Guatemala a causa de la debilidad en el combate a la corrupción.
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Moody's Investors Service, entidad que proporciona investigación financiera internacional sobre bonos emitidos por entidades comerciales y gubernamentales, actualizó la calificación soberana para Guatemala y resolvió mantenerla baja.
En el informe que data de finales de octubre revela que el país, si bien se mantiene estable en cuanto a crecimiento por niveles de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita comparativamente bajos, refleja poca solidez en su gobernanza debido a la debilidad en la lucha contra la corrupción, entre otros factores.
El perfil crediticio se mantiene en "Ba1", la misma calificación baja que obtuvo en 2020. En calificación por sus instituciones y gobernanza recibe "b1" como reflejo de resultados débiles en las medidas de control de la corrupción, el estado de derecho y la eficacia del gobierno.
Estancado en recaudación de impuestos
En materia tributaria, la puntuación Ba1 se evidencia en indicativa de métricas de deuda en aumento reciente, una entrada de ingresos persistentemente baja y una alta proporción de deuda en moneda extranjera.
En cuanto a susceptibilidad recibió "Baa", por el riesgo de eventos al que se expone, impulsado por el riesgo político, que se deriva de la alta desigualdad de ingresos, la gran proporción de personas que viven en la pobreza y el riesgo de que los altos niveles de corrupción puedan generar una reacción violenta contra el gobierno.
Déficit en servicios públicos básicos
Otra agencia importante como S&P Global Rating calificó a Guatemala de forma similar. Le dio una puntuación "BB-", que es estable pero con deficiencias donde señala que las calificaciones están limitadas por la visión de las instituciones públicas de Guatemala aún en desarrollo y un entorno político desafiante que limita la eficacia de la formulación de políticas.
"Una base impositiva persistentemente estrecha, así como un déficit en los servicios públicos básicos y e infraestructura física también restringe la calificación", destaca en informe.
