Hasta que no se lleve a cabo una consulta comunitaria en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, la licencia minera del proyecto Progreso VII Derivada deberá ser suspendida, según ordenó este 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad.
Por medio de un amparo provisional, la CC ordenó que se ejecute la consulta comunitaria en los municipios referidos, en tanto que, rechazó las acciones planteadas por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Exploraciones Mineras, quienes buscaban que se devolviera la vigencia de la licencia de operaciones.
Según el amparo presentado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), el otorgamiento de la licencia sin una consulta previa, viola los derechos comprendidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
La resolución de la CC ratifica la orden de la Corte Suprema de Justicia emitida en febrero que suspendía la explotación de oro y plata en el proyecto debido al incumplimiento de la consulta comunitaria.
Desde el inicio del proyecto minero, pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc constituyeron el movimiento de resistencia denominado La Puya, que por meses permaneció en las afueras de Progreso VII Derivada.
