Tras una auditoría en el Fopavi, se estableció el incumplimiento en la construcción de centenares de inmuebles.
OTRAS NOTICIAS: ¡Les robaron Q50 mil! Así estafaron a guatemaltecos que buscaban casa propia
Más de 700 personas que buscaban contar con una casa digna, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, no vieron cumplido su anhelo, pues el inmueble que se les prometió no fue construido.
Así lo verificó la Contraloría General de Cuentas, mediante una auditoría al Fondo para la Vivienda (Fopavi).
En el informe que esa entidad presentó recientemente al Congreso destacan 26 denuncias penales por el incumplimiento de igual cantidad de contratos, en los cuales se planteaba la edificación de diversa cantidad de casas. Empero, 701 no se efectuaron, principalmente en el Occidente del país.
De acuerdo con los hallazgos, se hicieron los pagos en las fases que correspondían, pero las viviendas no fueron entregadas.
Mediante verificaciones de campo y entrevistas con líderes locales, los auditores corroboraron que solo el 12.41% de los inmuebles en mención presentaba algún avance, lo cual equivale a 87 soluciones habitacionales.
Varios de los contratos citados proceden, incluso, del inicio de la gestión de Giammattei.
Viceministro denunciado
Aunque el ente fiscalizador presentó 26 denuncias por estos casos ante el Ministerio Público (MP), la mayoría son contra personal del Fopavi y desarrolladores de los proyectos.
En solo 15 de las acciones legales está incluido el entonces viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Enrique Armendáriz Negreros, de quien el MP deberá determinar la presunta responsabilidad en algún delito.
Citado cuando para presentar pruebas de descargo por los hallazgos, en su momento, el exfuncionario manifestó que "todo contrato es firmado entre el representante de los beneficiarios y el desarrollador".
En el informe de la Contraloría aparecen también estas declaraciones: "el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda no forma parte de dicho contrato", desvinculándose así de cualquier responsabilidad.
Pagos sin respaldo presupuestario
Otro de los hallazgos en el Fopavi durante el último año de gobierno de Giammattei fue que desde 2022 se dejaron comprometidos Q13.85 millones para que el siguiente año se pagara a empresas que tenían contratos desde 2012.
Según el ente fiscalizador, así se benefició a 29 compañías y se afectó la planificación y disponibilidad financiera para 2023.
Pese a ello, la sanción que se impuso fue solo de Q80,913. Esta alcanzó a quien estaba al frente en ese entonces del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Cristina Elizabeth Lemus Alvarado.
