Después de casi de dos meses de revelarse el caso Caja de Pandora, Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió ligar a proceso penal a 13 de los 16 sindicados de colaborar o integrar la red dirigida por Byron Lima Oliva.
La juzgadora fundamentó su resolución en un testigo protegido, documentos e interceptación de llamadas, así como las declaraciones de Alejandra Reyes Ochoa, pareja sentimental de Byron Lima Oliva.
Uno de los ligados a proceso penal fue Luis Lima Oliva, hermano del Byron Lima quien habría ayudado a defraudar a la Municipalidad de Guatemala, de la cual se supone fueron sustraídos fondos para cancelar distintos productos y servicios que sirvieron para la campaña del partido Unionista.
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Los recursos de la comuna eran proporcionados a la cooperativa Torre Fuerte, ubicada dentro del Sistema Penitenciario (SP) y dirigida por Byron Lima Oliva, según las pesquisas.
Entre los demás sindicados también sobresalen los abogados Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell, los dos eran defensores de Byron Lima Oliva y su conviviente. Ambos deberán enfrentar el delito de lavado de dinero debido a los vehículos que recibieron como forma de pago.
Aifán estableció que existían suficientes indicios de que ambos abogados sabían que los dos automóviles fueron obtenidos de manera ilícita por Byron Lima Oliva. Según las investigaciones, los dos carros fueron la forma en que otros reos le pagaron al militar fallecido por cambiarlos de prisión.
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La jueza hizo énfasis en que los defensores pudieron conocer el origen debido a las llamadas interceptadas y el expedientes judicial contra Byron Lima Oliva, en los cuales se detallaban la manera en que los reos cancelaban en especie o dinero los distintos favores.
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla también fue ligado a proceso penal, en su caso por el delito de asociación ilícita. Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), colaboró para que Byron Lima Oliva tomara el control de su prisión desde antes de asumir su cargo.
La jueza benefició con falta mérito a a Manfredo Cecilio Juárez Ramírez, quién era señalado de tener una plaza fantasma dentro del Sistema Penitenciario (SP), así como a Leonel Francisco Boror Gatica, quién le habría firmado la supuesta evaluación de desempeño, pese a que no asistía a laborar. La otra beneficiada fue Ana María González Ruiz.
Entre los delitos que deberán enfrentar los demás señalados están los de cohecho pasivo, asociación ilícita, fraude, peculado por sustracción y lavado de dinero u otros activos.
El próximo viernes la jueza de alto impacto decidirá si las personas que fueron ligadas a proceso penal deben permanecer en prisión preventiva.