La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó el contenido de la Ley contra la Ciberdelincuencia, decreto 39-2022.
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La APG mostró su rechazo a la aprobación de la Ley contra la ciberdelincuencia aprobada por los diputados el pasado 4 de agosto y al avance de la discusión de la iniciativa de "Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad".
Según la Asociación, con el decreto 39-2022 se pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, mientras con la iniciativa se promueve el uso indiscriminado de la fuerza letal en manifestaciones.
"Dichas propuestas están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación y continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura", se lee en un comunicado.
La APG también señala que aunque en algunos artículos del decreto 39-2022 se indica que serán excluidos los casos de libertad de expresión reconocidos en Convenios Internacionales, no existe garantía de que funcionarios, empleados, políticos y sus allegados en contubernio con el sistema de justicia no emplearían esta norma para perseguir a los medios, los periodistas, los ciudadanos o las organizaciones.
En el comunicado la APG también recuerda lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República en donde se señala que "no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en sus funciones las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social".
¿Qué dice la Ley contra la ciberdelincuencia?
Según el decreto aprobado por los diputados, el objetivo de esta ley es proteger integralmente a las personas, sus bienes y derechos, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información.
La ley aprobada contiene varios artículos en los cuales se detallan la definición de algunos términos y crea nuevos delitos como el "Acoso por medios cibernéticos o ciberacoso".
Este en específico señala que se comete acoso por medios informáticos al intimidar o asediar a una persona o grupo de personas. Así como divulgar información confidencial de otra persona que afecte su honor o su salud física o psicológica.
