Edgar Ovalle, ex diputado y fundador del extinto partido FCN-Nación, resultó beneficiado con la anulación del caso conocido como Creompaz. Ahora el fallo fue apelado.
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Abogados que representan a organizaciones de Derechos Humanos y querellantes adhesivos, presentaron una apelación para revertir el fallo que anuló lo actuado en el caso Creompaz y que liberó a los militares acusados de una masacre en Alta Verapaz.
La resolución fue emitida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, beneficiando también al exdiputado Edgar Ovalle, uno de los fundadores del extinto partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.
Cuando iniciaron las capturas de los militares señalados de la masacre, Ovalle, quien aún fungía como diputado huyó, por lo que se encontraba prófugo de la justicia desde 2017.
La acción para revertir el caso fue presentada este jueves 7 de noviembre en la Corte de Constitucionalidad (CC), luego que la Sala dio respuesta a un recurso interpuesto por Carlos Garavito, uno de los acusados, quien alegó que el Juzgado de Mayor Riesgo A, no tiene competencia para conocer el caso.
Santiago Choc, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), explicó que la acción buscan evitar la liberación de los presuntos responsables de la masacre y recordó que el fallo de la Sala no es definitivo.
Para Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Sala Segunda se habría extralimitado en sus funciones al anular el proceso.
Creompaz
Los militares son señalados de desapariciones forzada de 565 personas entre 1981 y 1988.
Según las pruebas que se han presentado en la corte, los implicados habría participado en unos 88 eventos relacionados con la masacre de decenas de personas en lo que hoy se conoce como el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), en Alta Verapaz.
En 2012 fueron localizadas 85 fosas clandestinas con los restos de hombres, mujeres y niños atados de pies y manos, actos de los que son señalados los militares que ahora podrían quedar en libertad.
