En la agenda que sigue la Comisión Pesquisidora que analiza si se levanta el antejuicio al Presidente llegó el momento de escuchar la versión del señalado; sin embargo, Jimmy Morales, optó por delegar su argumentación en el abogado Juan Carlos Borrayo, quien parece haber dejado varias dudas a los diputados.
Al ser cuestionado acerca de si sabía si Morales, como Secretario General de FCN Nación, recibió en 2015 algún aporte de carácter personal para la campaña electoral, el abogado respondió, en dos ocasiones, que lo desconocía. Otra de las dudas que no supo aclarar es el paradero de la excontadora de la agrupación política, Gloria Pérez, a quién señaló de ser la responsable de las finanzas.
Respecto a la excontadora, Borrayo, quien en más de una ocasión fue reprendido por los integrantes de la pesquisidora debido al bajo tono de su voz, afirmó que fue ella quién no cumplió con los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El profesional del derecho relató que se recibieron diversas solicitudes del TSE, pero que Pérez aseguraba haber entregado los informes, por lo que fue hasta octubre de 2016, cuando se descubrió que la excontadora no decía la verdad, que se tomó la decisión de removerla del cargo.
A decir de Borrayo, Pérez se desapareció tras esto, por lo que el partido, con el apoyo de la nueva contadora Ruby Barrientos, se vio en la necesidad de reconstruir los informes contables que fueron remitidos a la autoridad electoral el 31 de enero y el 13 de febrero de este año.
Durante la reconstrucción se habría descubierto falencias por parte de Pérez, por lo que, de acuerdo a Borrayo, se procedió a plantear una denuncia contra la encargada del registro financiero de FCN en 2015.
Aunque intentó evadir la pregunta del diputado de la UNE, Gabriel Heredia, Borrayo reveló que no existe una auditoría concluyente del partido político y que es por ello que entregó los informes contables a una comisión pesquisidora y no a un profesional del tema financiero.
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Borrayo sostuvo que Morales no mostró resistencia a la fiscalización del partido y que además, según la legislación vigente, como secretario general de FCN Nación, no fue el responsable de la contabilidad.
Durante los 15 minutos que la Comisión le autorizó el uso de equipo audiovisual, situación que el 8 de septiembre se le negó al delegado de CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), Borrayo refirió que el antejuicio contra el Presidente es un caso de politización de la persecución penal.
Entre las diapositivas que el abogado usó, había notas de prensa y fragmentos de las conferencias del Ministerio Público, con lo que buscaba sustentar que el antejuicio tendría relación con la supuesta decisión de Jimmy Morales de pedir el retiro de Iván Velásquez de la CICIG.
Borrayo también destacó que, como un posible intento de influir en la comisión pesquisidora, la Fiscal General Thelma Aldana dijo que era vital el retiro de la inmunidad a Morales para ampliar la investigación de FCN.
Se prevé que este 10 de septiembre, la comisión se reúna nuevamente con el propósito de analizar las declaraciones y la documentación recibida a fin de emitir el informe circunstanciado que recomendará al Congreso si es viable o no el retiro de la inmunidad al Presidente.
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