Senadores y políticos estadounidenses piden sanciones a funcionarios públicos de Guatemala que pretenden atentar contra la democracia del país.
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En una declaración conjunta, los presidentes de los Comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul (R-TX) y el Senador Bob Menéndez (D-NJ), solicitaron al presidente Joe Biden que se tomen medidas y se impongan sanciones a funcionarios guatemaltecos a través de la Sección 353.
Dichas medidas son una respuesta directa a las recientes amenazas a la democracia en Guatemala, según especifica la declaración.
En su comunicado, los líderes políticos expresaron su profunda preocupación por las acciones antidemocráticas y corruptas tomadas por los actores políticos en Guatemala.
Los políticos estadounidenses pidieron a la administración de Biden que haga pleno uso de las sanciones establecidas en la Sección 353, con el objetivo de garantizar que aquellos responsables de socavar la democracia y cometer actos corruptos en Guatemala sean debidamente sancionados.
Asimismo, reiteraron su apoyo a las decisiones y posturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la situación legal del Ministerio Público (MP) por ordenar la suspensión del Movimiento Semilla.
"Apoyamos firmemente la certificación del Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala (TSE) esta semana de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio, las cuales fueron verificadas de manera independiente por la Organización de los Estados Americanos como sin irregularidades graves. Sin embargo, a la luz de la decisión del TSE, estamos profundamente preocupados por el intento de la Fiscalía General de Guatemala de revocar ilegalmente la personería jurídica del partido político de un candidato de la oposición antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. La decisión de la Fiscalía General de la Nación es un flagrante intento de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco que pretende eludir la certificación electoral realizada por el TSE y viola las leyes electorales de Guatemala", se lee en el pronunciamiento de la declaración en conjunta.
Los presidentes McCaul y Menendez destacaron la importancia de proteger la democracia y el estado de derecho en Guatemala. Subrayando que es fundamental que los líderes políticos y los ciudadanos guatemaltecos puedan ejercer sus derechos democráticos sin interferencias y en un entorno justo y transparente.
Esta solicitud de sanciones mostraron el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia y la lucha contra la corrupción en la región. Los presidentes de los Comités de la Cámara de Representantes instaron a la administración Biden a tomar medidas firmes y efectivas para garantizar la protección de los valores democráticos en Guatemala.
"Piden sanciones"
Por lo que solicitaron que como líderes republicanos en la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, conocida como la "Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos", se aplique las sanciones de la Sección 353.
La Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos fue promulgada el 27 de diciembre de 2020. Esta ley requiere que el Presidente identifique a las personas extranjeras que se determine que "se han involucrado a propósito en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, o en casos de corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras".
Cabe recordar que Consuelo Porras, Ángel Pineda y Rafael Curruchiche, ya fueron incluidos en la Lista Engel. Sin embargo, hay otros funcionarios en el listado, como lo son expresidentes, diputados, exdiputados, fiscales y magistrados.
Mientras que en otra declaración, los senadores estadounidenses Tim Kaine (D-VA), Ben Cardin (D-MD), Jeff Merkley (D-OR) y Peter Welch (D-VT), manifestaron estar "perturbados" por la injerencia sin precedentes del Gobierno de Guatemala, esto porque va contra el proceso electoral.
Los senadores indicaron que dichas acciones violan la Ley del país y calificaron los allanamientos realizados al TSE como un ataque inaceptable a la democracia guatemalteca.
"Estamos profundamente perturbados por la injerencia sin precedentes del gobierno guatemalteco contra el proceso electoral luego de las elecciones del 25 de junio en el país. Estas acciones violan la ley guatemalteca. El allanamiento del gobierno a la autoridad electoral luego de la certificación de los resultados electorales es un ataque inaceptable a la democracia electoral. Hacemos un llamado al gobierno guatemalteco para que respete la voluntad de los votantes, cese toda interferencia y garantice la integridad de la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto", se lee en el pronunciamiento oficial de los senadores.
